Durante el periodo de bonanza económica (aunque alguien tendría que relativizar el término y ajustarlo sólo a los verdaderos beneficiarios) la población inmigrante aumentó para seguir alimentando las necesidades de nuestro crecimiento económico. Un crecimiento basado en sectores intensivos en mano de obra no cualificada.
Según datos del INE, la población extranjera en el Estado Español ha pasado de algo más de seiscientas mil personas, en el año 1998, a sobrepasar con creces los cinco millones, a finales de 2008.
Los sectores económicos que cobijaron esta mano de obra inmigrante fueron, fundamentalmente, la construcción, la agricultura y los servicios (hostelería y servicio doméstico). Es decir, ámbitos que han tenido una fuerte demanda o que se han visto abandonados, debido a sus escasos salarios o sus deplorables condiciones laborales, por parte de las personas autóctonas.
En estos sectores se concentraba, ya antes de su llegada, la mayor tasa de precariedad, del empleo temporal e irregular, con fuerte presencia de la economía sumergida.
Por otro lado, en los sectores que primero y más fuertemente están sufriendo la crisis, construcción (con 350.000 nuevas personas paradas en un año) y servicios (con unos 400.000) quienes se van al paro son aquellas personas que tienen contrato temporal. Apenas ha variado el número de contratos indefinidos, durante el año 2008 (incluso se ha reflejado un cierto aumento), mientras que han bajado, en casi 700.000, los contratos temporales totales.
Quienes tienen empleo temporal, y la inmensa mayoría de las personas trabajadoras inmigrantes lo tienen, son pues las que están sufriendo, en primer lugar, los embates de la crisis, ya que acabar con el empleo temporal tiene un coste cero para las empresas y administraciones. Evidentemente, y aunque los empresarios digan lo contrario, el despido libre existe, basta con no renovar la contratación. Teniendo en cuenta que estamos en un territorio donde el porcentaje de empleo temporal ronda un 30% del total del trabajo asalariado regulado (sin tener en cuenta todo el empleo sumergido) podemos hacernos una idea de la situación.
Frente al desempleo, no todos los colectivos sociales tienen las mismas posibilidades de respuesta. La inadecuación de la legislación española a la realidad obliga, desde siempre, a que quienes vengan desde fuera a trabajar, lo hagan ilegalmente, salvo las porcentualmente escasas contrataciones en origen que se hacen. En la práctica, los procedimientos para regularizar la situación de quienes no cuentan con autorización para trabajar, con los procesos de arraigo social o laboral, obligan a estas personas a estar dos o tres años, respectivamente, en la economía sumergida.
A la importante bolsa de personas inmigrantes sin permiso de residencia, y por lo tanto vulnerables, se les van a unir las personas que, teniéndolo ahora, no van a poder realizar su renovación anual, por haber pasado al paro y no poder justificar los 180 días de cotización que son necesarios cuando se trate de la primera o segunda renovación. Y eso afecta a mucha gente, ya que la tasa de paro, para la población extranjera, se situaba a finales de 2008, por encima del 21% frente al 12´5% que soporta la población autóctona (durante 2008, de 1.300.000 nuevas personas paradas, 370.000 eran extranjeras).
Eso significa que va a pasar a una situación de “ilegalidad” un buen número de personas que serán presa de la economía sumergida, carecerán de derechos sociales y laborales, sumándosele además, la amenaza constante de la expulsión.
La nueva política de inmigración
Coincidiendo con esta etapa de crisis económica, el Gobierno se ha propuesto la modificación de la Ley de Extranjería, que estaba obligado a cambiar desde que inició su mandato, hace cinco años, tanto por cumplir sus propias propuestas electorales, como por hacerlo con la obligación de adaptarla a las directivas europeas y a las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Esta reforma se hace, además, al amparo del preocupante discurso que está lanzándose desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de su nuevo titular Celestino Corbacho.
Por un lado, se vincula la reforma legal de la Ley de Extranjería a las necesidades del mercado de trabajo, olvidando otras dimensiones del fenómeno migratorio. Es decir, no se tiene en cuenta, o se deja en un plano muy secundario, que las personas inmigrantes existen fuera del horario laboral: tienen cultura, familia, son víctimas en sus países de origen, son consumidores, son sujetos de derechos sociales…
Con la reforma, se dificultará mucho el derecho a la reagrupación familiar, se alargará el tiempo de estancia máxima en los Centros de Internamiento de Extranjeros hasta los 60 días (en línea con la “Directiva de la Vergüenza”), se castigará a las personas que ayuden a inmigrantes (sin distinguir a quienes lo hagan por motivos humanitarios de quienes lo hagan por intereses económicos)…
Como describe la Asociación “Convivir Sin Racismo”, en un reciente informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno parece apostar más por la amenaza que por dar una oportunidad de integración para las personas extranjeras que hayan decidido vivir entre nosotras y nosotros. Una Ley que no pone el acento en la integración, la convivencia y la igualdad, a pesar de ser teóricamente uno de sus principios rectores, sino que se centra en regular aspectos relativos a las condiciones de acceso y estancia
Por otro lado, Celestino Corbacho hace declaraciones afirmando que, en estos tiempos, la inmigración sobra, que no hay trabajo para todos, que hay que facilitar el retorno… Al mismo tiempo, desde el Ministerio del Interior, se establece como prioritaria la “caza” de inmigrantes sin papeles aconsejando, además, un determinado perfil “más problemático”. Toda una batería de actuaciones de las que escapa un sospechoso aroma a rancia xenofobia, con el “ya lo dijimos” de la derecha, que sigue demandando más y más mano dura.
Se está generando y alimentando un discurso que, falsamente, hace culpables de la crisis económica a las personas inmigrantes o que, en cualquier caso, les condena a ser las paganas de la misma, sin otra justificación que la de no ser de aquí.
Por desgracia, no es aquí el único sitio donde se está reforzando este tipo de discurso. En Gran Bretaña hemos asistido a movilizaciones obreras, contra la contratación de personas italianas o portuguesas para la ampliación de una refinería, con el lema “empleos británicos para trabajadores británicos”. En Italia, Berlusconi autoriza la formación de bandas parapoliciales y califica, a las personas inmigrantes sin papeles, directamente como delincuentes.
Y estamos al principio de lo que será una profunda crisis del sistema, que sin duda será aprovechada por las organizaciones abiertamente fascistas, para consolidar su presencia. Todavía no hemos visto el final de la caída del empleo y tampoco finalizará aquí la culpabilización del inmigrante como “ladrón” de puestos de trabajo.
La crisis amenaza también con un aumento acelerado de las demandas de ayuda social. Las capas más desfavorecidas de la sociedad se verán ampliadas por quienes lleguen al paro y por sus familias. Las personas inmigrantes, que ya están sufriendo el desempleo con especial contundencia, serán vistas como competidoras en la consecución de ayudas públicas y como culpables de la escasez y mala calidad de los servicios públicos de protección social.
Las personas inmigrantes fueron solución a la necesidad de mano de obra en los tiempos de expansión económica, realizaron los trabajos que la población autóctona dejó por sus malas condiciones y su escaso reconocimiento social, dinamizaron la producción y el mercado local como consumidores de bienes y servicios. Ahora son las primeras víctimas de la crisis económica, se les hace más vulnerables, con las nuevas modificaciones legales, y se les convierte en diana de las iras populares, desviando la atención de quienes son los verdaderos culpables de la situación económica y social.
Recordando a Bertolt Brecht (o a Martin Niemüller que por lo visto fue el autor auténtico del famoso poema) más vale que empecemos a pensar, desde ya, que si vienen a por las personas inmigrantes, es que están viniendo a por todos nosotros y nosotras.
Toni Carrasco
STERM – La Intersindical
Publicado en La Opinión
21 de marzo 2009, Día Internacional contra el Racismo
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