1.- Las mujeres que formamos la corriente de opinión Otras Voces Feministas estamos indignadas ante la actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica que estos días y en relación al aborto no deja de manifestar lo peor de sí misma: la mentira y el engaño de una campaña fraudulenta y millonaria, pagada con el dinero público que recibe; su desprecio hacia las mujeres que abortan (a las que desea la cárcel); la retahíla de argumentos sobre el inicio de la vida humana, retrotrayéndonos a los años ochenta; su menosprecio a organismos como la ONU o la OMS en lo que se refiere a los métodos anticonceptivos y especialmente al uso del preservativo masculino, en línea con las declaraciones genocidas de Benedicto XVI en África en relación al SIDA...
Y ¡cómo no podía ser menos! junto a la Conferencia episcopal el Partido Popular. Un partido que, en materia de aborto, repentinamente se nos volvió el más firme defensor de la legalidad vigente que, según ellos, no necesitaba ninguna modificación. ¿Creerán que somos amnésicas y que se nos ha olvidado que fue Alianza Popular (matriz del PP) quien presentó un recurso de inconstitucionalidad que retrasó dos años la puesta en práctica de la ley de aborto aprobada en las Cortes en 1983? Un partido que, durante dos legislaturas ocupó el gobierno central de este país (una de ellas con mayoría) y no cambió ni un ápice la ley. ¿Dónde estaba entonces la Conferencia Episcopal?.
En santa comunión con los anteriores, casi mil firmantes de una pomposamente llamada Declaración de Madrid y a pesar de contar con títulos universitarios todos ellos, dan la espalda en el Manifiesto a lo archidemostrado por la investigación científica internacional, a lo defendido por las sociedades científicas, etc.... ¡Es lo que tiene investigar dejándose llevar por los prejuicios religiosos...!
2.- Muchas de las que formamos Otras Voces Feministas militamos en los grupos feministas de la segunda mitad de los años 70 y participamos activamente en la Campaña por el Derecho al aborto del movimiento feminista de entonces. Lo que estamos viviendo estos días es como si el túnel del tiempo nos estuviera retrotrayendo a aquellos años. ¡Quién nos lo iba a decir! Pero si hay que volver a airear y defender aquellas ideas lo volveremos a hacer. ¡Ahí van!:
• Defendemos la vida y queremos que sea un valor en nuestra sociedad. Pero no la vida en abstracto, sino las vidas concretas con su diversidad de expresiones. Por eso apostamos por una vida digna para niños y niñas; queremos que lleguen al mundo siendo queridos, deseados; que puedan ser atendidos, cuidados, alimentados...y no como fruto de un error o un accidente. Y además nos importan en igual medida, las vidas de las mujeres, vidas que se ponen en riesgo con un aborto clandestino o que han de viajar a otros países para poder abortar. ¿Acaso la vida de estas mujeres no importa...?
• El aborto tiene una larga historia: unas veces ha sido tolerado, otras legalizado y otras penalizado. Las prohibiciones nunca han conseguido evitarlos, sino únicamente convertirlo en un procedimiento de alto riesgo para la salud, la vida y la libertad de las mujeres.
A pesar de lo dicho anteriormente, vivimos en una sociedad plural y plurales son las opiniones y valoraciones que se hacen sobre el aborto. Para algunas personas, la vida y las decisiones de una mujer han de tener idéntica consideración y equipararse en derechos a la vida en gestación, desde el mismo momento de la concepción, e incluso antes de ella (ya que algunos se oponen, incluso, al uso de métodos anticonceptivos y de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual). Y además consideran que el conjunto de la sociedad debe compartir esos mismos presupuestos. No parece preocuparles las consecuencias para las criaturas nacidas no siendo deseadas y para la salud y la vida de las mujeres.
Para otras personas, entre las que nos encontramos Otras Voces Feministas, la decisión de las mujeres sobre si optan o no por ser madres es una cuestión individual sobre la que les corresponde decidir a ellas mismas en función de diversos factores: su situación, su ética, sus creencias o la ausencia de ellas, sus opciones... Nadie tiene derecho a imponernos sus creencias y opciones. La legítima y necesaria protección de la vida en gestación creemos que no debe prevalecer sobre los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su vida, sobre si quieren ser madres o no y en qué momento de su vida.
3.- En cuanto a la propuesta en la que trabaja el gobierno central consideramos lo siguiente:
• Nos alegra que se decida por un sistema combinado de plazos e indicaciones.
• Compartimos la opción de rebajar la edad de consentimiento a la establecida en la Ley 41/2002 de la autonomía del paciente, que fija como edad de consentimiento los 16 años, e incluso menos con autorización judicial, si ésta determinase la madurez y capacidad de la menor. Y ello por una cuestión de coherencia legal con la edad de consentimiento exigida para casarse (16 -y hasta 14, con autorización judicial-, o para el inicio de las relaciones sexuales (13 años)...
Se trata además de una decisión de carácter personal, en la que madres y padres pueden aconsejar, acompañar, apoyar... No parece que sustituir u obligar a una menor a ser madre en contra de su voluntad sea un buen camino, habida cuenta de que será esa menor la que deberá hacerse responsable en el futuro de la decisión que tomaron por ella o en su contra.
• No estamos de acuerdo con que las 14 semanas sea el plazo para el aborto a decisión de la propia mujer, sin que necesite el visto bueno de nadie más. Si bien es cierto que, según las estadísticas publicadas anualmente por el ministerio de Sanidad y Consumo, el 80 y tantos % de las mujeres que abortan lo hacen antes de las 12 semanas ¿por qué fijarse un límite tan corto como las 14 semanas y no el de la viabilidad fetal (22-24 semanas, según la OMS) que incluirían a casi todas las mujeres, quedando las indicaciones para muy pocos casos posteriores como cuando hay serio peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada...?
• Cuando hay tantas malformaciones y lesiones fetales después de las 22 semanas ¿por qué mantener ese límite para los abortos por malformación fetal ¿Por qué en estos casos sólo se podrá abortar si consta un Informe con la inviabilidad fetal? El gobierno y particularmente las autoridades sanitarias saben que pocos facultativos se arriesgan a firmar esta incompatibilidad del feto con la vida. Y que son precisamente éstas las mujeres que en los últimos años se han visto obligadas a tener que irse a abortar legalmente en Francia, Gran Bretaña y hasta en los EEUU porque aquí nadie se hacía cargo de su dolor, de su desamparo, ni de su desprotección.
• Si el gobierno se inclina por fijar tres días de reflexión para toda mujer que solicite un aborto y antes de que se le sea realizado con el fin de explicarle las ayudas que tendría si llevase su embarazo a término, estaremos de nuevo ante la consideración de las mujeres como las eternas menores de edad que necesitan protección hasta para las cosas más elementales. ¡Como si una mujer que quiere tener una criatura, teniendo pocos medios, no sabe a dónde acudir para pedir ayuda! Una vez más la imagen de las mujeres incapaces de tomar decisiones por nosotras mismas y necesitadas, por lo tanto, de tutelas para hacerlo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta minoración de edad contra la que se levantó el movimiento feminista en sus primeros años y encima ahora de la mano de un gobierno socialista?
Si no fuera tan serio este asunto, podríamos pensar que se trata de una tomadura de pelo. ¿O es que el gobierno piensa que con tan publicitado cheque-bebé y cuatro migajas más las mujeres embarazadas que demandan una interrupción voluntaria del embarazo se van a echar para atrás? Además ¿no es un poco fuerte que esa información de las cuasi-inexistentes ayudas, en lugar de que esté en manos de la ciudadanía en general por los diversos medios públicos, se les plantee a las mujeres que ya han decidido abortar...?
• Creemos que es necesario y urgente la regulación de la objeción de conciencia pero siempre garantizando la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo en todos los Centros del Sistema Público de Salud. De no ser así, seguiremos como estamos: las mujeres a las Clínicas privadas acreditadas, la mayoría de ellas teniendo que pagarse la prestación.
Somos partidarias de que esta prestación sanitaria, al igual que otras, esté garantizada en la sanidad pública y con iguales condiciones de acceso y cobertura en todas las Comunidades Autónomas y que acabe ya la vergonzosa inequidad que se da ahora. No se nos escapa que para que esto sea posible hace falta mucha voluntad y la inversión de innumerables recursos y esfuerzos: desde la modificación de los planes de enseñanza que incluyan el aborto, hasta la adecuación de centros ambulatorios y hospitalarios para la atención de esta demanda, que es muy particular en relación a otras. Sin olvidar que las competencias en materia sanitaria hace años que están en manos de los gobiernos autonómicos...
• En cuanto al alcance la de reforma en el Código Penal, es innegable y positivo como saludábamos al principio, que optar por un sistema de plazos más indicaciones alivia mucho la situación. Pero mientras se mantenga el actual Artículo 145 del C.P. la alegría se acaba pronto. Y no vale con que portavoces gubernamentales se llenen la boca diciendo que ninguna mujer irá a prisión por abortar porque lo que no dicen es que sí podrá ser condenada (a multa o su sustitución con prisión si no la paga, a inhabilitación para ejercer sus derechos ciudadanos, etc.) Y ¿qué pasará con los profesionales que hayan practicado esos abortos? Ellos si pueden ser condenados, además de a inhabilitaciones profesionales y ciudadanas, a penas de prisión. ¿En qué han quedado las garantías jurídicas tan cacareadas por Dª Mª Teresa Fernández de la Vega cuando hace más de un año estalló socialmente el tema del aborto?
4.- El crecimiento de las cifras de abortos nos revela también el fracaso y los límites de la educación sexual que se está llevando a cabo en nuestro país. Escasa, prohibida de hecho en muchos IES y orientada casi en exclusiva a la información biológica y anticonceptiva. No está encaminada a reconocer la diversidad de expresiones de la sexualidad humana, ni a fomentar en la sexualidad los mismos valores que consideramos esenciales en otros ámbitos de las relaciones interpersonales y sociales, como la igualdad, la autonomía –entendida como tener capacidad, saber decidir y ser responsables con las decisiones que se adoptan-, el cuidado de nosotras y el de los o las demás.
A pesar de quienes no ven más que miserias en la sexualidad humana, ésta es una fuente de placer, de gozo y satisfacción. Necesitamos más educación sexual y muchos cambios en el enfoque con el que se realiza actualmente. Educación sexual no sólo en la enseñanza reglada sino también campañas dirigidas al conjunto de la sociedad y, en especial, a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Campañas que no sólo informen, que refuercen valores, que permitan avanzar en el respeto a la diversidad de formas de vivir la sexualidad y también en el respeto a la diversidad de opciones y comportamientos ante un embarazo no planificado.
5.- El gobierno Socialista ¡ojalá nos equivocáramos! está perdiendo, una vez más la ocasión de dar solución al problema del aborto en nuestro país. La falta de valentía con la que está acometiendo esta responsabilidad gubernamental (que sabemos no es nada fácil) dejándose amedrentar por la Conferencia episcopal y el Vaticano por miedo a perder un determinado electorado (¿han pensado cuánto perderán por el otro lado?) nos hace desconfiar en milagros de última hora.
Las Conclusiones de la Sub-comisión del Congreso de los Diputados contenían elementos bastante más avanzados que las de la Comisión de Expertos. Parece que el gobierno se está apoyando más en estas últimas.
Lo cierto es que, como dice el refrán para este viaje no hacía falta estas alforjas. De hecho, si comparamos la legislación actual con la que se prepara, el saldo no es positivo:
1. Con la despenalización parcial actual, en caso de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, se puede abortar sin plazo . Con la que viene, no.
2. Actualmente, en los casos de grave malformación o lesión fetal de más de 22 semanas, la mujer puede abortar acogiéndose al supuesto de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada.
La experiencia acumulada en 1983 (año de la aprobación en las Cortes de la despenalización parcial del aborto seguida del recurso de AP ante el Tribunal Constitucional) y en cada una de las ocasiones en las que algún gobierno socialista anunciaba su intención de ampliar la legalidad vigente nos revela lo mismo: da igual que se pretenda mover un solo ápice o el texto completo. La Conferencia episcopal, los mal llamados pro-vida (en sus más diversas variantes) y el Partido Popular saltan como si les hubieran tocado las esencias y, más o menos, organizan la misma marimorena. Con los mismos contenidos engañosos, fraudulentos, hipócritas... El gobierno de Zapatero debería haber sacado sus enseñanzas y, a nuestro parecer, apoyándose en las mujeres, en las organizaciones feministas, en la ciudadanía partidaria de la ampliación de la ley (mayoritaria, según las encuestas), en las sociedades científicas, intelectuales... progresistas, en las fuerzas sindicales, sociales y políticas de izquierda, en la existencia de un Estado aconfesional, apoyándose con firmeza y sin titubeos, haberle plantado cara a una jerarquía católica rancia que quiere perpetuarse y perpetuar sus privilegios, caiga quien caiga en el camino.
sábado, 28 de marzo de 2009
miércoles, 25 de marzo de 2009
REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS Toni Carrasco
La mano “tonta” del mercado
Hace apenas un año, nuestros gobernantes se mostraban ufanos, como timoneles de un modelo económico que nos estaba llevando por la senda del crecimiento continuado en los últimos 10-12 años. El Presidente José Luís Rodríguez Zapatero y su antecesor en el cargo, José María Aznar, se consideraban artífices de este proceso, sin cuestionarse sobre los posibles riesgos del modelo ni aprovisionar el granero, como la hormiga del cuento.
En la Región Murciana, el único Presidente de los últimos años, Ramón Luís Valcárcel Siso, igualmente sacaba pecho con las diferencias, respecto al resto del Estado, en las cifras de crecimiento económico regional. Aunque si se hubiera fijado en otros asuntos y hubiera analizado la cosa desde el punto de vista de las personas asalariadas, quizás habría podido percibir que, en Murcia, estábamos a la cabeza en bajos salarios, temporalidad y empleo irregular y eso, también debía ser mérito suyo.
Pero volviendo al asunto de las grandes cifras: Es evidente que las grandes causas de la crisis financiera mundial vienen del exterior y del propio mecanismo del mercado. Fundamentalmente de la inmensa cantidad de hipotecas de riesgo, en Estados Unidos, suscritas y progresivamente impagadas. A eso tenemos que sumar el desaforado interés por el enriquecimiento rápido de muchos ejecutivos, que han engordado como una bola de nieve el valor de inversiones de dudosa seguridad y la desregulación y falta de control en las transacciones internacionales de dinero, que han posibilitado la exportación de este riesgo al resto del Mundo, contaminando a todo el sistema financiero y minando la confianza de los propios bancos entre si. El papel de los políticos en este maremágnum, ha sido el de permitir la desregulación de los mercados financieros y la opacidad de las transacciones, que impiden conocer cuánto hay de inversiones de riesgo y quienes son los “propietarios” de estas. Nadie sabe cuál será el próximo banco en caer y así, nadie se fía de nadie.
Pero desde aquí, también se han cometido errores similares, contando además con nuestras propias aportaciones.
El “milagro” económico murciano y buena parte del crecimiento en el resto de España estuvieron basados en la construcción de viviendas, dedicadas en muchas ocasiones a un segundo uso y, por lo tanto, sujeta a aspectos económicos coyunturales. En la Región, el empleo en una actividad complementaria como la construcción, normalmente vinculada a algún otro motor económico (industrial o de servicios) subió un 200% en los últimos 12 años, mientras aumentaba de forma mucho más lógica (en torno a un 50%) en los otros sectores.
Cualquier persona medianamente sensata podía prever que este desequilibrio no podía durar mucho tiempo. Un desequilibrio alimentado por parte de inversores y promotores con intereses especulativos, que construían o compraban para vender inmediatamente con precios inflados de forma artificial. Una subida de precios provocada por estos acaparadores de terrenos y viviendas, pero también ayudada por unas entidades financieras que permitían la compra concediendo préstamos que sobrevaloraban, tanto la capacidad de los compradores para pagar, como el precio de las viviendas hipotecadas o, en no pocas ocasiones, el precio futuro de terrenos aún pendientes de una posible recalificación urbanística.
Y ahí radica uno de los problemas. Que no se dieran cuenta los dirigentes políticos o que se arrogaran el mérito de este crecimiento económico coyuntural, es una cosa a la que estamos habituados. Que los constructores siguieran creyendo que, independientemente de las necesidades de vivienda y de las posibilidades de compra de los posibles usuarios, se podía seguir con el ladrillo indefinidamente cuesta más trabajo de entender. Salvo que pensaran que toda Europa iba a querer pasar aquí nuestros cálidos inviernos jugando al golf. Una creencia que habría que situar en ese lugar, el de las creencias y no en el de los análisis serios de mercado.
Mucho más grave es el hecho de que los bancos y cajas de ahorros, con sus gabinetes de estudios económicos, hayan participado en esta espiral de subida de precios inmobiliarios y préstamos de riesgo, sin prever los efectos que iba a tener sobre el conjunto de la economía y sobre sus propias posibilidades de negocio. En este año ya se ha duplicado el porcentaje de préstamos impagados, en la banca española.
También cabe atribuirle buena culpa de esta situación a la fiebre recalificadora de las corporaciones municipales y a la legislación regional desreguladora en temas urbanísticos. Y no estamos hablando de programaciones del crecimiento urbanístico en función de las necesidades previsibles de vivienda habitual, de respuestas a necesidades industriales o de planificación de una oferta de servicios sostenible y por lo tanto duradera. Se trata de las urbanizaciones mastodónticas, que en nada sirven ni han servido para resolver los problemas de vivienda que sufrimos, al mismo tiempo que no se ha promovido, desde los poderes públicos, suficiente suelo público y un parque de viviendas protegidas, con precios asequibles, que cubra las necesidades reales de la población.
Lo cierto es que aquellos que, desde la economía o desde la política, demandaban que la mano oculta del mercado fuera quien dirigiera, en exclusiva, la actividad económica, exigiendo menor regulación en las transacciones o en la legislación urbanística y dejar la iniciativa productiva (y constructora) sólo en manos privadas, lejos de abaratar los precios y de redistribuir los bienes en función de la demanda, son los que han provocado las crisis actuales (en plural, ya que a las crisis financiera e inmobiliaria, hay que sumarles la alimentaria y la medioambiental). Ya hay quien la llama “la crisis perfecta” tomando el nombre de la película.
A la vista de los resultados, tendremos que cambiarle el nombre a la “mano invisible” que regula el mercado. No sabremos quien la mueve, pero si podemos estar seguros de que ha sido muy, muy tonta.
¿Quién pagará los platos rotos?
A estas alturas de la crisis financiera e inmobiliaria, ya nadie duda de que los adalides del liberalismo económico a ultranza se equivocaron. Incluso el anterior presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, Alan Greespan, ha tenido que reconocer que el mercado financiero no cumplió unos de los dogmas más repetidos (no por ello menos falso) del liberalismo económico, aquel que suponía que los mercados se autorregulan automáticamente.
Ahora toca el turno de arreglar el desaguisado. Pero ¿Quien pagará por él?
De momento, sabemos quienes son las víctimas: los datos sobre empleo son claros y preocupantes. Según la Encuesta de Población Activa, en el conjunto del Estado hemos pasado de unas tasas de paro del 8’47%, a principios de 2007, hasta el 11’33% en el tercer trimestre de este año. En la Región hemos pasado, en el mismo periodo, del 7’15 al 14’09 % en tasa de paro. Una subida que nos ha situado, en poco tiempo, casi tres puntos por encima de la media, lo que refuerza el convencimiento sobre la fragilidad de nuestro modelo económico. Y como hace poco aseguró el Consejero de Empleo, Constantino Sotoca: “lo peor está por llegar”.
El Gobierno Regional, tras este rápido adelantamiento en las cifras de paro, al resto de comunidades, en vez de realizar una profunda autocrítica dice ahora, por boca de la Consejera Presidencia Mª de Pedro Reverte, lo mismo que critica el PP al Presidente Rodríguez Zapatero: que las causas de la crisis son externas y que no tienen nada que ver con el modelo propio de crecimiento. Todos echan balones fuera.
Aparte del sector de la construcción, importantes empresas del sector industrial, están preparando regulaciones de empleo. No sabemos muy bien si todo es por una disminución del consumo o si se está aprovechando la cuesta abajo para dejar lastre y así poder trasladar parte de la producción a otras zonas del planeta con menores costes laborales. Y eso afecta no sólo a las plantillas directas, sino al conjunto de empresas auxiliares. Como una cascada, sector a sector se está trasladando el aumento del paro. Como pescadilla que se muerde la cola: ajustes económicos en las familias, debido al paro, disminuyen el consumo, se contraen las necesidades de producción y provocan aumento del paro.
Y como siempre, primero y de forma más severa, los sectores más desprotegidos son los que están sufriendo la situación: Trabajadoras y trabajadores con empleos precarios y/o irregulares, que suelen coincidir con los niveles más bajos y menos especializados de la producción. Personas fácilmente sustituibles (¿o debiera decir desechables?) y niveles salariales inferiores a la media. A su vez estos perfiles suelen centrarse en los sectores de población más vulnerables: inmigrantes, mujeres, jóvenes sin estudios…
Mientras tanto, aquellos que han provocado la crisis y quienes, desde el poder político, hicieron posible toda esta serie de desmanes no parecen ver peligrar su situación personal.
Los directivos de las mayores financieras de Estados Unidos no se han tirado por la ventana, como parece ser que sucedió en la crisis del 29, cuando han quebrado. Se han ido de vacaciones cobrando, además de sus suculentos sueldos indemnizaciones también millonarias: cobraron por su nefasta gestión y les han premiado cuando sus firmas han ido a la ruina, llevándose por delante ahorros y empleo.
Tampoco parece que los dirigentes políticos vayan siquiera a pedir perdón por la falta de control. A nivel internacional, el próximo 15 de noviembre se reunirán en Washington para estudiar salidas a la crisis financiera e incluso, según alguno de ellos, refundar el capitalismo. Pero por lo que se desprende de sus manifestaciones y de sus hechos, sólo intentarán remendar el tremendo descosido sin cuestionar el modelo que lo produjo. No está clara la pretensión de cambiar el modelo de crecimiento especulativo por uno que centre las inversiones en la producción de bienes y servicios.
A nivel local, no pienso que muchos gobernantes municipales o regionales vayan a dimitir o ser destituidos por dejar el paisaje plagado de ciudades fantasma que nadie quiere ni puede comprar, cementando extensas áreas de terreno, muchas de ellas de interés natural. Tampoco veo que deseen echarse la culpa de la falta de vivienda digna para miles de personas, algunas de ellas en la calle tras verse incapaces de pagar su préstamo hipotecario.
A algunos sectores sí les está llegando ya ayuda. El Gobierno Español ha dispuesto ayudas a la banca (150.000 millones entre compras de activos y avales para emisiones de deuda) para dotarla de liquidez, además de garantías para los ahorros depositados para reforzar la confianza. Pero ¿a cambio de qué?
Desde luego no se trata de que los estados entren a formar parte del accionariado de los bancos y que se les permita participar en la toma de decisiones, cosa natural si se decidiera invertir en ellos. No quieren ni oír hablar de cierto grado de nacionalización, y por lo tanto de control, de la banca. Es decir que paguemos entre todos pero que no intervengamos.
Por lo visto, todo debe quedar igual, debemos seguir confiando en quienes nos han metido en este embrollo. Mientras, la crisis que la paguen los de siempre: sin trabajo, sin casa y rezando para que no les llegue el final de la prestación por desempleo (quienes la tengan).
Las salidas de la crisis
A pesar de que la realidad es tozuda e insiste en obligarnos a un cambio de rumbo, el neoliberalismo sigue empeñado en sostener que el modelo económico funciona y que la única manera de acabar con la pobreza es mantener la libre competencia y disminuir, aún más, la intervención estatal.
Con este modelo hemos visto, por ejemplo, como los alimentos básicos a nivel mundial han subido de precio desorbitadamente, agravando la crisis alimentaria en los países empobrecidos, gracias a la especulación masiva ejercida por los fondos de inversión, que vieron en este ámbito una buena oportunidad de negocio. Decir que los estados no tienen que intervenir en estos temas es, directamente, inmoral.
Además, lejos de mejorar las condiciones de vida, en este periodo de supuesto crecimiento económico, como bien destaca el último Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación FOESSA (vinculada a Cáritas): “por primera vez en las últimas cuatro décadas, ni la desigualdad ni las situaciones de pobreza monetaria se han reducido en un contexto de crecimiento económico”. La pobreza se ha mantenido en los mismos niveles, en torno a un 20% de la población, en los últimos diez años.
Como ya se advirtió desde STERM-INTERSINDICAL, la tasa de precariedad en la población asalariada (suma de paro y temporalidad) ha seguido estable en estos años de vacas gordas, manteniéndose en un 34% en el conjunto del Estado y en torno a un 40% en la Región. Evidentemente, esas cifras se disparan ahora como consecuencia de tanta insensatez. Esa es la realidad de cuando todo funciona según el mercado.
Los únicos remedios serios que se ofrecen para salir de la crisis, se hacen desde el Keynesianismo, intentando reeditar el periodo de crecimiento que dio lugar al “estado del bienestar” tras la crisis de 1929. Aparte de un control más exhaustivo de los flujos financieros y sus riesgos, defienden una fuerte intervención estatal que asegure un mercado laboral regulado, una fiscalidad progresiva, aumento del gasto público con inversión en investigación, infraestructuras y servicios, facilitando empleo para amplias capas de población y que ello reactive el consumo de las mayorías trabajadoras de la sociedad, que son las que las que traducen sus ingresos en bienes y servicios, por lo tanto en crecimiento productivo.
El Gobierno Socialista, parece olvidar que, en principio, ese debía ser su modelo, y no parece dispuesto a aplicarlo. En vez de hacer un uso progresivo de los impuestos, repartió 400 euros del IRPF independientemente del nivel de ingresos y ha acabado con el impuesto sobre patrimonio (unos 1.800 millones de euros) que iba principalmente dirigido a las personas con mayor riqueza y que podría haber servido para financiar dos millones de plazas en escuelas infantiles o los servicios de dependencia de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la regulación laboral, las reformas que ha impulsado van en sentido contrario, abaratando el despido y estando abiertos a las nuevas demandas de la patronal que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, insiste en una mayor flexibilización del mercado laboral para salir de la crisis, aunque esta haya sido provocada por causas totalmente ajenas a la regulación de las relaciones laborales.
Sin duda las posiciones socialdemócratas (que no del PSOE) tienen su lógica económica y social, pero olvidan un pequeño problema. Un problema que desde posiciones progresistas y, desde luego, desde los sindicatos y otras organizaciones que se reclaman de las clases trabajadoras, se ha olvidado demasiadas veces y, en esta época, es más serio que nunca: los límites de los recursos naturales y la crisis ambiental.
En los años treinta y siguientes se contaba con el petróleo como recurso energético barato y abundante y muy poca conciencia y conocimiento ecológicos. Gracias a este hecho y a que no se compartía su consumo con el resto del planeta, en Europa, EEUU y Japón se pudo promover un desarrollismo inusitado. Buena parte de sus poblaciones pudieron realizar el sueño de tener coche y nevera en cada casa.
Hoy sabemos que ese sueño es imposible de realizar para el conjunto de la población mundial, por lo menos tal y como se concibió, y que el final de la era del petróleo está cerca.
Invertir, desde el Estado, en investigación y desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio y en servicios públicos como la sanidad, la educación, la atención a personas discapacitadas, los transportes colectivos, la vivienda, la gestión sostenible de recursos naturales… produce riqueza, igualdad social, muchos puestos de trabajo cualificados y, también, sostenibilidad ambiental y, consecuentemente, económica. Pero promover, como salida, el consumo individual e infraestructuras para ello (autopistas, aeropuertos, centrales eléctricas contaminantes y de combustible no renovable…) nos llevará, en poco tiempo, a un callejón sin salida.
Ya se está alegando que el protocolo de Kyoto puede esperar, que lo primero es salir de la crisis económica, pero no podemos caer en la ceguera hasta que nos pillen desprevenidos la energética y la ambiental, cuyas consecuencias serán funestas para el conjunto de la humanidad.
Los estados deben, efectivamente, intervenir en la economía. Asegurar que las necesidades básicas de la ciudadanía se cubren, evitando que los derechos sociales sean ámbitos de inversión y gestión privados, con el sólo interés del beneficio económico. Que nadie pueda volver a hundir una sociedad en la penuria por voracidad especuladora. Pero deben también mirar a las generaciones futuras, promoviendo e investigando modelos de producción y consumo que no nos hipotequen con algo más importante que nuestro piso de setenta metros.
Hace apenas un año, nuestros gobernantes se mostraban ufanos, como timoneles de un modelo económico que nos estaba llevando por la senda del crecimiento continuado en los últimos 10-12 años. El Presidente José Luís Rodríguez Zapatero y su antecesor en el cargo, José María Aznar, se consideraban artífices de este proceso, sin cuestionarse sobre los posibles riesgos del modelo ni aprovisionar el granero, como la hormiga del cuento.
En la Región Murciana, el único Presidente de los últimos años, Ramón Luís Valcárcel Siso, igualmente sacaba pecho con las diferencias, respecto al resto del Estado, en las cifras de crecimiento económico regional. Aunque si se hubiera fijado en otros asuntos y hubiera analizado la cosa desde el punto de vista de las personas asalariadas, quizás habría podido percibir que, en Murcia, estábamos a la cabeza en bajos salarios, temporalidad y empleo irregular y eso, también debía ser mérito suyo.
Pero volviendo al asunto de las grandes cifras: Es evidente que las grandes causas de la crisis financiera mundial vienen del exterior y del propio mecanismo del mercado. Fundamentalmente de la inmensa cantidad de hipotecas de riesgo, en Estados Unidos, suscritas y progresivamente impagadas. A eso tenemos que sumar el desaforado interés por el enriquecimiento rápido de muchos ejecutivos, que han engordado como una bola de nieve el valor de inversiones de dudosa seguridad y la desregulación y falta de control en las transacciones internacionales de dinero, que han posibilitado la exportación de este riesgo al resto del Mundo, contaminando a todo el sistema financiero y minando la confianza de los propios bancos entre si. El papel de los políticos en este maremágnum, ha sido el de permitir la desregulación de los mercados financieros y la opacidad de las transacciones, que impiden conocer cuánto hay de inversiones de riesgo y quienes son los “propietarios” de estas. Nadie sabe cuál será el próximo banco en caer y así, nadie se fía de nadie.
Pero desde aquí, también se han cometido errores similares, contando además con nuestras propias aportaciones.
El “milagro” económico murciano y buena parte del crecimiento en el resto de España estuvieron basados en la construcción de viviendas, dedicadas en muchas ocasiones a un segundo uso y, por lo tanto, sujeta a aspectos económicos coyunturales. En la Región, el empleo en una actividad complementaria como la construcción, normalmente vinculada a algún otro motor económico (industrial o de servicios) subió un 200% en los últimos 12 años, mientras aumentaba de forma mucho más lógica (en torno a un 50%) en los otros sectores.
Cualquier persona medianamente sensata podía prever que este desequilibrio no podía durar mucho tiempo. Un desequilibrio alimentado por parte de inversores y promotores con intereses especulativos, que construían o compraban para vender inmediatamente con precios inflados de forma artificial. Una subida de precios provocada por estos acaparadores de terrenos y viviendas, pero también ayudada por unas entidades financieras que permitían la compra concediendo préstamos que sobrevaloraban, tanto la capacidad de los compradores para pagar, como el precio de las viviendas hipotecadas o, en no pocas ocasiones, el precio futuro de terrenos aún pendientes de una posible recalificación urbanística.
Y ahí radica uno de los problemas. Que no se dieran cuenta los dirigentes políticos o que se arrogaran el mérito de este crecimiento económico coyuntural, es una cosa a la que estamos habituados. Que los constructores siguieran creyendo que, independientemente de las necesidades de vivienda y de las posibilidades de compra de los posibles usuarios, se podía seguir con el ladrillo indefinidamente cuesta más trabajo de entender. Salvo que pensaran que toda Europa iba a querer pasar aquí nuestros cálidos inviernos jugando al golf. Una creencia que habría que situar en ese lugar, el de las creencias y no en el de los análisis serios de mercado.
Mucho más grave es el hecho de que los bancos y cajas de ahorros, con sus gabinetes de estudios económicos, hayan participado en esta espiral de subida de precios inmobiliarios y préstamos de riesgo, sin prever los efectos que iba a tener sobre el conjunto de la economía y sobre sus propias posibilidades de negocio. En este año ya se ha duplicado el porcentaje de préstamos impagados, en la banca española.
También cabe atribuirle buena culpa de esta situación a la fiebre recalificadora de las corporaciones municipales y a la legislación regional desreguladora en temas urbanísticos. Y no estamos hablando de programaciones del crecimiento urbanístico en función de las necesidades previsibles de vivienda habitual, de respuestas a necesidades industriales o de planificación de una oferta de servicios sostenible y por lo tanto duradera. Se trata de las urbanizaciones mastodónticas, que en nada sirven ni han servido para resolver los problemas de vivienda que sufrimos, al mismo tiempo que no se ha promovido, desde los poderes públicos, suficiente suelo público y un parque de viviendas protegidas, con precios asequibles, que cubra las necesidades reales de la población.
Lo cierto es que aquellos que, desde la economía o desde la política, demandaban que la mano oculta del mercado fuera quien dirigiera, en exclusiva, la actividad económica, exigiendo menor regulación en las transacciones o en la legislación urbanística y dejar la iniciativa productiva (y constructora) sólo en manos privadas, lejos de abaratar los precios y de redistribuir los bienes en función de la demanda, son los que han provocado las crisis actuales (en plural, ya que a las crisis financiera e inmobiliaria, hay que sumarles la alimentaria y la medioambiental). Ya hay quien la llama “la crisis perfecta” tomando el nombre de la película.
A la vista de los resultados, tendremos que cambiarle el nombre a la “mano invisible” que regula el mercado. No sabremos quien la mueve, pero si podemos estar seguros de que ha sido muy, muy tonta.
¿Quién pagará los platos rotos?
A estas alturas de la crisis financiera e inmobiliaria, ya nadie duda de que los adalides del liberalismo económico a ultranza se equivocaron. Incluso el anterior presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, Alan Greespan, ha tenido que reconocer que el mercado financiero no cumplió unos de los dogmas más repetidos (no por ello menos falso) del liberalismo económico, aquel que suponía que los mercados se autorregulan automáticamente.
Ahora toca el turno de arreglar el desaguisado. Pero ¿Quien pagará por él?
De momento, sabemos quienes son las víctimas: los datos sobre empleo son claros y preocupantes. Según la Encuesta de Población Activa, en el conjunto del Estado hemos pasado de unas tasas de paro del 8’47%, a principios de 2007, hasta el 11’33% en el tercer trimestre de este año. En la Región hemos pasado, en el mismo periodo, del 7’15 al 14’09 % en tasa de paro. Una subida que nos ha situado, en poco tiempo, casi tres puntos por encima de la media, lo que refuerza el convencimiento sobre la fragilidad de nuestro modelo económico. Y como hace poco aseguró el Consejero de Empleo, Constantino Sotoca: “lo peor está por llegar”.
El Gobierno Regional, tras este rápido adelantamiento en las cifras de paro, al resto de comunidades, en vez de realizar una profunda autocrítica dice ahora, por boca de la Consejera Presidencia Mª de Pedro Reverte, lo mismo que critica el PP al Presidente Rodríguez Zapatero: que las causas de la crisis son externas y que no tienen nada que ver con el modelo propio de crecimiento. Todos echan balones fuera.
Aparte del sector de la construcción, importantes empresas del sector industrial, están preparando regulaciones de empleo. No sabemos muy bien si todo es por una disminución del consumo o si se está aprovechando la cuesta abajo para dejar lastre y así poder trasladar parte de la producción a otras zonas del planeta con menores costes laborales. Y eso afecta no sólo a las plantillas directas, sino al conjunto de empresas auxiliares. Como una cascada, sector a sector se está trasladando el aumento del paro. Como pescadilla que se muerde la cola: ajustes económicos en las familias, debido al paro, disminuyen el consumo, se contraen las necesidades de producción y provocan aumento del paro.
Y como siempre, primero y de forma más severa, los sectores más desprotegidos son los que están sufriendo la situación: Trabajadoras y trabajadores con empleos precarios y/o irregulares, que suelen coincidir con los niveles más bajos y menos especializados de la producción. Personas fácilmente sustituibles (¿o debiera decir desechables?) y niveles salariales inferiores a la media. A su vez estos perfiles suelen centrarse en los sectores de población más vulnerables: inmigrantes, mujeres, jóvenes sin estudios…
Mientras tanto, aquellos que han provocado la crisis y quienes, desde el poder político, hicieron posible toda esta serie de desmanes no parecen ver peligrar su situación personal.
Los directivos de las mayores financieras de Estados Unidos no se han tirado por la ventana, como parece ser que sucedió en la crisis del 29, cuando han quebrado. Se han ido de vacaciones cobrando, además de sus suculentos sueldos indemnizaciones también millonarias: cobraron por su nefasta gestión y les han premiado cuando sus firmas han ido a la ruina, llevándose por delante ahorros y empleo.
Tampoco parece que los dirigentes políticos vayan siquiera a pedir perdón por la falta de control. A nivel internacional, el próximo 15 de noviembre se reunirán en Washington para estudiar salidas a la crisis financiera e incluso, según alguno de ellos, refundar el capitalismo. Pero por lo que se desprende de sus manifestaciones y de sus hechos, sólo intentarán remendar el tremendo descosido sin cuestionar el modelo que lo produjo. No está clara la pretensión de cambiar el modelo de crecimiento especulativo por uno que centre las inversiones en la producción de bienes y servicios.
A nivel local, no pienso que muchos gobernantes municipales o regionales vayan a dimitir o ser destituidos por dejar el paisaje plagado de ciudades fantasma que nadie quiere ni puede comprar, cementando extensas áreas de terreno, muchas de ellas de interés natural. Tampoco veo que deseen echarse la culpa de la falta de vivienda digna para miles de personas, algunas de ellas en la calle tras verse incapaces de pagar su préstamo hipotecario.
A algunos sectores sí les está llegando ya ayuda. El Gobierno Español ha dispuesto ayudas a la banca (150.000 millones entre compras de activos y avales para emisiones de deuda) para dotarla de liquidez, además de garantías para los ahorros depositados para reforzar la confianza. Pero ¿a cambio de qué?
Desde luego no se trata de que los estados entren a formar parte del accionariado de los bancos y que se les permita participar en la toma de decisiones, cosa natural si se decidiera invertir en ellos. No quieren ni oír hablar de cierto grado de nacionalización, y por lo tanto de control, de la banca. Es decir que paguemos entre todos pero que no intervengamos.
Por lo visto, todo debe quedar igual, debemos seguir confiando en quienes nos han metido en este embrollo. Mientras, la crisis que la paguen los de siempre: sin trabajo, sin casa y rezando para que no les llegue el final de la prestación por desempleo (quienes la tengan).
Las salidas de la crisis
A pesar de que la realidad es tozuda e insiste en obligarnos a un cambio de rumbo, el neoliberalismo sigue empeñado en sostener que el modelo económico funciona y que la única manera de acabar con la pobreza es mantener la libre competencia y disminuir, aún más, la intervención estatal.
Con este modelo hemos visto, por ejemplo, como los alimentos básicos a nivel mundial han subido de precio desorbitadamente, agravando la crisis alimentaria en los países empobrecidos, gracias a la especulación masiva ejercida por los fondos de inversión, que vieron en este ámbito una buena oportunidad de negocio. Decir que los estados no tienen que intervenir en estos temas es, directamente, inmoral.
Además, lejos de mejorar las condiciones de vida, en este periodo de supuesto crecimiento económico, como bien destaca el último Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación FOESSA (vinculada a Cáritas): “por primera vez en las últimas cuatro décadas, ni la desigualdad ni las situaciones de pobreza monetaria se han reducido en un contexto de crecimiento económico”. La pobreza se ha mantenido en los mismos niveles, en torno a un 20% de la población, en los últimos diez años.
Como ya se advirtió desde STERM-INTERSINDICAL, la tasa de precariedad en la población asalariada (suma de paro y temporalidad) ha seguido estable en estos años de vacas gordas, manteniéndose en un 34% en el conjunto del Estado y en torno a un 40% en la Región. Evidentemente, esas cifras se disparan ahora como consecuencia de tanta insensatez. Esa es la realidad de cuando todo funciona según el mercado.
Los únicos remedios serios que se ofrecen para salir de la crisis, se hacen desde el Keynesianismo, intentando reeditar el periodo de crecimiento que dio lugar al “estado del bienestar” tras la crisis de 1929. Aparte de un control más exhaustivo de los flujos financieros y sus riesgos, defienden una fuerte intervención estatal que asegure un mercado laboral regulado, una fiscalidad progresiva, aumento del gasto público con inversión en investigación, infraestructuras y servicios, facilitando empleo para amplias capas de población y que ello reactive el consumo de las mayorías trabajadoras de la sociedad, que son las que las que traducen sus ingresos en bienes y servicios, por lo tanto en crecimiento productivo.
El Gobierno Socialista, parece olvidar que, en principio, ese debía ser su modelo, y no parece dispuesto a aplicarlo. En vez de hacer un uso progresivo de los impuestos, repartió 400 euros del IRPF independientemente del nivel de ingresos y ha acabado con el impuesto sobre patrimonio (unos 1.800 millones de euros) que iba principalmente dirigido a las personas con mayor riqueza y que podría haber servido para financiar dos millones de plazas en escuelas infantiles o los servicios de dependencia de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la regulación laboral, las reformas que ha impulsado van en sentido contrario, abaratando el despido y estando abiertos a las nuevas demandas de la patronal que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, insiste en una mayor flexibilización del mercado laboral para salir de la crisis, aunque esta haya sido provocada por causas totalmente ajenas a la regulación de las relaciones laborales.
Sin duda las posiciones socialdemócratas (que no del PSOE) tienen su lógica económica y social, pero olvidan un pequeño problema. Un problema que desde posiciones progresistas y, desde luego, desde los sindicatos y otras organizaciones que se reclaman de las clases trabajadoras, se ha olvidado demasiadas veces y, en esta época, es más serio que nunca: los límites de los recursos naturales y la crisis ambiental.
En los años treinta y siguientes se contaba con el petróleo como recurso energético barato y abundante y muy poca conciencia y conocimiento ecológicos. Gracias a este hecho y a que no se compartía su consumo con el resto del planeta, en Europa, EEUU y Japón se pudo promover un desarrollismo inusitado. Buena parte de sus poblaciones pudieron realizar el sueño de tener coche y nevera en cada casa.
Hoy sabemos que ese sueño es imposible de realizar para el conjunto de la población mundial, por lo menos tal y como se concibió, y que el final de la era del petróleo está cerca.
Invertir, desde el Estado, en investigación y desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio y en servicios públicos como la sanidad, la educación, la atención a personas discapacitadas, los transportes colectivos, la vivienda, la gestión sostenible de recursos naturales… produce riqueza, igualdad social, muchos puestos de trabajo cualificados y, también, sostenibilidad ambiental y, consecuentemente, económica. Pero promover, como salida, el consumo individual e infraestructuras para ello (autopistas, aeropuertos, centrales eléctricas contaminantes y de combustible no renovable…) nos llevará, en poco tiempo, a un callejón sin salida.
Ya se está alegando que el protocolo de Kyoto puede esperar, que lo primero es salir de la crisis económica, pero no podemos caer en la ceguera hasta que nos pillen desprevenidos la energética y la ambiental, cuyas consecuencias serán funestas para el conjunto de la humanidad.
Los estados deben, efectivamente, intervenir en la economía. Asegurar que las necesidades básicas de la ciudadanía se cubren, evitando que los derechos sociales sean ámbitos de inversión y gestión privados, con el sólo interés del beneficio económico. Que nadie pueda volver a hundir una sociedad en la penuria por voracidad especuladora. Pero deben también mirar a las generaciones futuras, promoviendo e investigando modelos de producción y consumo que no nos hipotequen con algo más importante que nuestro piso de setenta metros.
jueves, 5 de marzo de 2009
VIDEO sobre Palestina
Un interesante video sobre el debate en el Parlamento inglés sobre el ataque israelí contra Gaza en
http://www.youtube.com/watch?v=c8yUwdeFb2U
http://www.youtube.com/watch?v=c8yUwdeFb2U
miércoles, 4 de marzo de 2009
8 de marzo
Dia Internacional de las mujeres
Dia Internacional de las mujeres
CONCENTRACIÓN
PLAZA SANTO DOMINGO
12:00 horas
GLOBALICEMOS LOS DERECHOS
Con motivo del "Día Intrenacional de las Mujeres" La Comisión 8 de
Marzo realizará una concentración - fiesta a las 12 de la mañana el
día 8 en la Plaza de Santo Domingo de Murcia, donde actuarán las
cantautoras "MUSASMUSICAS": María Rozalen, Karine Lefebvre, Fictoria,
Mirian García y Laura More, al final se leerá un manifiesto
reivindicativo de la situación de las mujeres, con alusiones
específicas sobre la situación de las murcianas.
Si podeis ir con ropa LILA
VAMOS A HACER UN CAMPO DE LILAS EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.
PENSAR LAS FRASES QUE ESCRIBIREMOS EN LOS GLOBOS.
GLOBALICEMOS LOS DERECHOS.
OS ESPERAMOS A TODAS Y A TODOS.....
PLAZA SANTO DOMINGO
12:00 horas
GLOBALICEMOS LOS DERECHOS
Con motivo del "Día Intrenacional de las Mujeres" La Comisión 8 de
Marzo realizará una concentración - fiesta a las 12 de la mañana el
día 8 en la Plaza de Santo Domingo de Murcia, donde actuarán las
cantautoras "MUSASMUSICAS": María Rozalen, Karine Lefebvre, Fictoria,
Mirian García y Laura More, al final se leerá un manifiesto
reivindicativo de la situación de las mujeres, con alusiones
específicas sobre la situación de las murcianas.
Si podeis ir con ropa LILA
VAMOS A HACER UN CAMPO DE LILAS EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.
PENSAR LAS FRASES QUE ESCRIBIREMOS EN LOS GLOBOS.
GLOBALICEMOS LOS DERECHOS.
OS ESPERAMOS A TODAS Y A TODOS.....
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