MURCIA: DOS MESES DE RESPUESTA SOCIAL

El 22 de diciembre pasado comenzó en la Región Murciana una rebelión que nadie esperaba y que aún no se sabe cómo acabará. Estos apuntes pueden servir para conocer y entender mejor este proceso, que está lejos de acabar. Un proceso que tiene que ser vigilado con atención, porque puede dar pistas acerca de los intentos generalizados para acabar con los servicios públicos y los derechos sociales, con las organizaciones sindicales y la negociación colectiva, con el trabajo estable y con derechos… Es la primera Comunidad Autónoma que se atrevió a tomar decisiones tan graves, pero puede no ser la última.

Las medidas.
Todo empezó con una proposición de Ley sorpresa que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, del PP y con 16 años en el poder, se sacó de la manga modificando los Presupuestos Generales pocos días después de haberlos aprobado. Esta Ley fue redactada a toda prisa, para cumplir los criterios de déficit exigidos por el Gobierno Central y que la Comunidad Autónoma había excedido con mucho. La proposición de Ley se registró el días 21, para ser aprobada dos días después, sin posibilidad de enmiendas, por tramitación urgente.
En la Ley 5/2010 de “Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas” se recorta el salario de las 55.000 personas empleadas en la Administración Regional, un recorte que se suma a la rebaja salarial que impuso en mayo el Gobierno de J. L. Zapatero al conjunto de trabajadores y trabajadoras al servicios de las Administraciones Públicas. Junto a las retribuciones, la Ley marca retrocesos en otros aspectos. El más importante es, sin duda, el aumento de la jornada laboral, que pasa de 35 horas semanales, una conquista conseguida pocos años antes, hasta las 37,30 horas.
La disminución al 50% del Plan de Acción Social (ayudas por hijos e hijas, a la discapacidad, a los nacimientos y a los estudios), la rebaja del salario durante la Incapacidad transitoria al 75%, la disminución del valor de las horas extras (pasan de equivaler una hora y tres cuartos a una hora y cuarto)… son otras de las medidas que pretenden hacer recaer la reducción del déficit en el personal empleado de la Comunidad Autónoma.
A ello se añade la derogación de todos los acuerdos y pactos, firmados desde el año 1998, sobre las condiciones de trabajo (jornada, salarios…) y sobre derechos sindicales, anulando, en la práctica, el derecho a la negociación colectiva.

La respuesta.
De forma inmediata al conocimiento, por parte de los sindicatos, de los contenidos de la proposición de Ley, el mismo día 21 se enviaron correos y mensajes de forma masiva, que pusieron en guardia a prácticamente todos los empleados y empleadas de la CARM, y se constituyó el día 22 un “comité de crisis” con todos los sindicatos que actúan en la Administración Autonómica, salvo el Sindicato Médico.
Esa misma tarde, ante un acto de la cadena SER, que otorgaba el premio “político del año” al Presidente Valcárcel, se convocó por estas vías informales y más de dos mil personas se concentraron, con una rotundidad que hizo imposible el acto. Aquella noche aparecieron los huevos, que han quedado como símbolo de las movilizaciones.
El día 23, víspera de Nochebuena, se dio otra concentración, en las puertas de la Asamblea Regional donde se aprobó la proposición, que pasó a convertirse en Ley. Ese día, la policía tuvo que cargar para permitir que algunos personajes públicos del PP pudieran entrar al Parlamento.
Desde entonces, se han realizado varias manifestaciones que, por su histórica participación masiva, han hecho recordar las manifestaciones contra la Guerra de Irak. Hasta la prensa regional, claramente favorable al Gobierno, ha tenido que reconocerlo.

La organización:
Tras la primera reunión y convocatorias de urgencia, se estabilizó la unidad sindical a dos niveles: uno general y otro por los tres sectores en que se organiza el personal de la Comunidad Autónoma: Administración General y Servicios, Sanidad y Educación.
Cada comité de sector ha organizado las movilizaciones y medidas de protesta específicas: Asambleas, concentraciones, cuelgue de pancartas, encierros y otras actuaciones. El comité de crisis coordinaba todo y organizaba las acciones de carácter general: grandes manifestaciones, concentraciones ante el edificio de la Presidencia del Gobierno, seguimiento de los actos públicos de los miembros del Gobierno...
Una unidad difícil, con sindicatos de corte corporativo, cercanos ideológicamente al PP, que se han visto forzados por sus bases a participar. Con tensiones y cesiones, ésta se ha mantenido más de lo previsto. Las asambleas de los centros de trabajo, como fuentes de unidad y de propuestas, han sido fundamentales para sostenerla y el Gobierno, aunque lo ha intentado de todas las formas posibles, no ha conseguido romper la unidad hasta más tarde.
Se ha conseguido, poco a poco, unir a parte de la ciudadanía ante el convencimiento de que las medidas del Gobierno, aparte de recortar derechos al personal empleado público, tendrá efectos devastadores sobre los servicios públicos: sanidad, educación, política social... Servicios que ya se vieron afectados, de forma importante, con la aprobación de los Presupuestos para el 2011.

La criminalización, la represión y la amenaza.
Desde el principio, se ha jugado con el tópico del funcionario, privilegiado por su trabajo y sueldo seguros, absentista y vago, para justificar las medidas primero y para desacreditar las movilizaciones después.
La agresión al Consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma, en un oscuro episodio que nadie ha aclarado todavía, vino a aumentar los ataques al personal empleado público. Todo el Gobierno y el Partido Popular salieron con un furor desbocado a ligar movilizaciones y agresión. Eso en una campaña que añadía presuntas agresiones e insultos, en las movilizaciones, a cargos del PP y a la familia del Presidente.
También los sindicatos han recibido su parte. La disminución drástica de los permisos sindicales que se reflejan en la ley, han ido acompañados de un ataque sin precedentes a la utilidad de los sindicatos y al carácter, también privilegiado, del trabajo sindical. En la línea que marcó la Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ocultando la intención de acabar con la negociación colectiva y los mecanismos de defensa de las personas trabajadoras.
Durante todo el proceso, Valcárcel, en quien se han centrado las críticas, ha intentado criminalizar la movilización y a los sindicatos. Intentó que la manifestación más numerosa fuera prohibida y sacada del centro urbano de Murcia. El motivo era que su nueva casa, que nadie sabe muy bien cómo ha conseguido adquirir, ha sido objeto de la ira de los manifestantes y en cada movilización, es parada obligatoria y diana de muchas docenas de huevos. Está en la Gran Vía de la ciudad, por donde pasan todos los actos culturales, políticos y festivos de Murcia.
En estos dos meses, el Gobierno ha intentado ocultar las movilizaciones y sofocar las protestas, no sólo vinculando violencia y movilización, a través de los medios de comunicación y de cartas personales enviadas a todos los empleados y empleadas de la Comunidad Autónoma. También con mentiras y tergiversaciones acerca de los efectos de las medidas, con amenazas para quienes se movilizaran, enviando personal a controlar quienes se movilizaban en cada centro, transmitiendo a los responsables de los centros la ilegalidad de concentrarse, colgar pancartas o de utilizar los medios de un centro para la protesta. Igualmente se ha intentado impedir, una y otra vez, el acceso a los centros de trabajo por parte de los delegados y delegadas sindicales en su trabajo de información.
De todas formas, estas torpezas del Gobierno, en muchas ocasiones, a avivado las ganas de pelear de mucha gente. El personal empleado público se ha sentido insultado y reprimido. Es como si hubiera visto, por fin, la otra cara del Presidente, cuando las cosas no son como él quiere y surge el interior autoritario, cuando no fascista, del señorito de la finca.

La negociación y la división.
Tras un mes de repetir que no cedería, el Presidente Valcárcel accedió a recibir a los representantes de los sindicatos del comité de Crisis y se inició un proceso de negociación. Lo malo de este proceso es que se iba a discutir de recortes, es decir, que no era para negociar mejoras sino para ver qué medidas de ahorro en personal se iban a tomar.
Tras pocos acercamientos, la oferta final fue la de reducir a la mitad los recortes salariales, pasar la jornada semanal a 36 horas y media, limitar la vigencia de la Ley al ejercicio 2011, dejando los recortes en la Acción Social y recuperando la hora y tres cuartos como compensación por hora extra. La IT se pagaba de nuevo al 100%, pero se introducía la posibilidad de control de las bajas por parte de una Mutua.
A esta propuesta (que hoy ya será reforma aprobada de la Ley) se unieron los sindicatos corporativos ANPE (Enseñanza) CSIF (Función Pública) SATSE (Enfermería) CESM (Medico) y SIDI (Enseñanza) en un cambio de sus dirigentes que, sin duda, fue forzado por Valcárcel, en esta situación que se le había convertido en insostenible, haciéndoles pagar el peaje por sus apoyos y ayudas.

La situación actual.
Tras este acuerdo sobre los recortes, han quedado CCOO, UGT y LA INTERSINDICAL como organizaciones resistentes. El Gobierno ha comenzado el contraataque en todos los frentes: con las asociaciones de su extensa red, con la prensa, continuando con las amenazas y advertencias en los centros de trabajo, con los propios sindicatos firmantes que, para justificar sus renuncias, o más bien para ocultarlas, están difundiendo afirmaciones falsas sobre los recortes y acusaciones sobre las “oscuras” intenciones de las organizaciones sindicales que siguen con la protesta: motivos políticos, distinto rasero reivindicativo para Zapatero que para Valcárcel, defensa exclusiva de las liberaciones sindicales, mejora sustancial sobre la Ley original...
Inmediatamente después de la firma, se realizó otra gran manifestación en la que participó mucha afiliación decepcionada de los sindicatos firmantes, pero la agresiva campaña iniciada está surtiendo, poco a poco sus efectos.
Por el otro lado, se siguen haciendo asambleas, para informar sobre las medidas y proponer acciones en su contra. También movilizaciones, aunque algo disminuidas por la presión, la campaña de intoxicación publicitaria y cierto desánimo. De todas formas, la medida la tendremos en la próxima manifestación del 1 de marzo, que pretendemos masiva.
Por nuestra parte, intentamos aprender con el proceso, mantener la tensión participativa y acumular conciencia reivindicativa y organizativa. Los últimos años han significado, en la Región Murciana, un hundimiento de las ideas progresistas: de la razón, de la resistencia frente a las desigualdades, de la solidaridad. Una situación que parece poder cambiar tras el atracón de realidad que han supuesto las medidas y, sobre todo, la actitud prepotente y chulesca del Gobierno Regional.
Esta actitud sólo se entiende desde quienes creían tener todo bajo control. Con una mayoría prevista que llegaba al 70% para las próximas elecciones autonómicas, nadie pensaba que pudiera estallar esta respuesta. Y menos que nadie, el propio Gobierno con Valcárcel a la cabeza. La Región Murciana se estaba acercando a una situación de partido único, con un tejido asociativo vinculado al PP, que llega a cualquier lugar o sector. La política victimista frente a los demás territorios del Estado Español, la bandera del agua como fetiche milagroso para todos los males de la Región, la red clientelar tejida y los años de bonanza económica han colocado al PP murciano como dominador absoluto del panorama político murciano.
Durante los años de vacas gordas, la Región Murciana pasó de tener una de las tasas más altas de paro del Estado a sólo un 7,15%. Pero se trata sólo de un espejismo: el crecimiento económico se basó de forma irracional en la construcción y la especulación, sin ningún tejido industrial estable. Todos los presupuestos y previsiones del Gobierno se basaban en este crecimiento sin tener en cuenta su fragilidad.
Ya denunciábamos que esta desequilibrada política económica no era sostenible y la realidad de la crisis nos hizo bajar de golpe de la nube. En cuatro años hemos pasado, otra vez, a ser campeones del paro (24,98%) y la economía sumergida, el trabajo sin derechos, vuelve a campar en este territorio. Y las perspectivas no son nada alentadoras. Mucho nos tememos que esto no acaba aquí: En junio, tras las elecciones autonómicas, el Gobierno tendrá que pensar nuevos recortes.
De la actitud del personal empleado público y del conjunto de la ciudadanía dependerá que mire por fin hacia su política de grandes y caros eventos, su red clientelar, la estructura desproporcionada de jefaturas en la Administración Autonómica, al gasto farmacéutico, la externalización y privatización de servicios beneficiando a empresas amigas, las subvenciones para fundaciones ligadas al PP, el aumento del tramo autonómico del IRPF para los altos ingresos… o que se vuelvan a cebar con los derechos sociales y laborales de la población murciana.
Mientras tanto, seguiremos con la actitud transmitida por todos los trabajadores y trabajadoras que, de forma ejemplar, han dado muestras de unidad, dignidad y resistencia, que son los lemas de esta lucha. Una lucha que apenas comienza por estas tierras.

Toni Carrasco
Intersindical de la Región Murciana

SINDICALISMO Y MOVILIZACIONES SECTOR PUBLICO EN MURCIA

ENTREVISTA A TONI CARRASCO, portavoz de STERM-INTERSINDICAL

1) ¿Qué nivel de afiliación tiene STERM en la Región?, ¿y de representación?.

STERM nació en la Enseñanza, allá por el año 1976, al calor del movimiento asambleario de maestros, que se dio en el inicio de la transición política. Hoy, como INTERSINDICAL fundada en 2002 y que agrupa, además del sindicato de Enseñanza, a otros sindicatos sectoriales, tenemos representación en las tres Administraciones Públicas, Central, Autonómica y Local, la Enseñanza, la Sanidad y el Transporte Ferroviario. Además tenemos relaciones estables, con la unidad orgánica como objetivo, con colectivos sindicales de distintas empresas: Limpieza (viaria e interiores), Industria, Comercio… Contamos con unas 5.000 personas afiliadas.

La legislación sobre elecciones sindicales y representatividad, que prioriza el número de representantes sobre el número de personas representadas y favorece la centralización sectorial y geográfica de las organizaciones sindicales, perjudica a los modelos sindicales más horizontales y descentralizados. Aún así, STERM-INTERSINDICAL es representativo en casi todos los sectores en los que trabaja, aunque aún se niegue su presencia en algunos ámbitos más globales de negociación. Bueno, todo se andará…



2) ¿Cómo valora su sindicato la actual situación de crisis económica?.

La valoramos como una crisis global, del sistema económico mundial, con unas características propias, en el Estado Español y en la Región Murciana en particular, que nos han hecho más frágiles ante las turbulencias. A nivel mundial fueron las políticas liberales, el descontrol sobre los intercambios de productos financieros, los que provocaron la crisis. En nuestro territorio, la apuesta por unas políticas económicas que favorecían la especulación, sobre todo inmobiliaria, frente a la economía productiva, nos llevaron a esta situación. En vez de consolidar una estructura productiva sostenible social y ecológicamente se apostó por el enriquecimiento rápido aunque, como se ha visto, sin futuro. Tanto en la crisis financiera mundial, como en la aportación a su especial gravedad en nuestra economía, la causa es la misma: la avaricia.

3) ¿Hay que resignarse a renunciar al "Estado del Bienestar"?.

En absoluto nos resignamos. Uno de nuestros principios es justamente el mantenimiento, la extensión y la mejora de los servicios públicos, que definen al Estado de Bienestar. Nos bombardean constantemente con la necesidad de desmantelarlo, pero es una falsa necesidad. Es simplemente que buena parte de los servicios públicos resultan ser un apetitoso bocado para la inversión privada y no hacen más que repetirnos lo mal que gestiona el Estado y lo bien que resultaría la gestión privada. ¿Para quién? Evidentemente, sólo para quienes obtuvieran las cuantiosas rentas que se esperan de conseguir la liberalización total de los servicios públicos.

4) ¿Qué cálculo hacen respecto de la salida de la actual crisis?, ¿y de recuperación de empleo en nuestro país?.

Es difícil hacer cálculos, cuando no está en nuestras manos decidir las políticas que se van a aplicar. Si seguimos con las recetas liberales, impuestas desde el "mercado", no habrá salida a la crisis. Es posible que las bolsas obtengan más beneficios y a eso le llamen salir de la crisis. Pero lo cierto es que las poblaciones se verán más empobrecidas, salvo que haya un cambio de actitud en los Gobiernos, y no lo parece, que den más valor a la calidad de vida y los derechos sociales que a las ganancias obtenidas por quienes invierten en bolsa.

Lo mismo sucede con el empleo, puede ser una espiral sin fin. Si empeoramos nuestras condiciones laborales, si las empresas ganan más dinero, es posible que se recupere el empleo, un empleo de peor calidad, pero de nuevo habrá quien nos diga que para ser más competitivos debemos rebajar nuestros salarios, el alcance de nuestros servicios públicos y que hemos de ser más flexibles, porque así lo demanda "el mercado" y la competencia de los demás países. La verdad es que somos poco optimistas respecto a recuperar las condiciones de empleo de los años precedentes, si se sigue por esta senda de hacer caso sólo a quienes confunden buena economía con grandes beneficios.

5) ¿Para recuperar el empleo en España hacen falta reformas económicas estructurales, y una mayor reforma del mercado laboral?.

Hacen falta reformas, pero no las que nos dicen desde el liberalismo, la Unión Europea o el FMI. Hace falta producir lo que socialmente sea útil. Lo que sea sostenible ambientalmente. Aunque no genere beneficios particulares. Se debe repartir el trabajo, lejos de acumular mucho trabajo, en unas personas, y paro en otras. Repartir la riqueza, a través de la consolidación del Estado Social, con servicios públicos universales de calidad que, al mismo tiempo, generarían mucho trabajo cualificado.

El mercado laboral no se reforma para acabar con el paro, y eso se ve en cada reforma de las que se han hecho. Se hace para mejorar la tasa de ganancias de las empresas y el dominio sobre las rentas del trabajo. Todo lo demás es humo para ocultar la realidad.

6) ¿Para Vds. ha habido imprevisión por parte del Gobierno de la Nación en la actual crisis?.

Ha habido improvisación, mala lectura de la realidad económica y un seguidismo cortoplacista de las políticas económicas de los Gobiernos del PP. El empleo de esos años, fue un espejismo que no podía durar, en sectores como la construcción, que nunca pueden funcionar como motores económicos. Producir más de lo que se puede consumir, incluso en la ortodoxia económica liberal, no tiene futuro, además no nos ha quedado poso de formación o de especialización que nos ayudara para buscar alternativas. Eran sectores que demandaron mucha mano de obra pero bajísima cualificación. La apuesta por la innovación, el desarrollo y la investigación se quedó en nada y, en la primera legislatura, Zapatero siguió con lo que se venía haciendo.

7) ¿Y en la situación de la Comunidad de Murcia, tiene responsabilidad el Gobierno del PP?.

Pues si España, en el concierto mundial, tenía esas debilidades estructurales, la Región de Murcia viene a ser el paradigma del modelo especulador, depredador del medio y de renuncia a la consolidación de un modelo productivo sólido. Un modelo del que Valcárcel estaba orgulloso. Pasamos de ser la campeona del empleo, empleo de bajísima calidad por cierto, a la campeona del paro, en pocos meses. En Comunidades más centradas en la industria, quizás no hubo tantos nuevos ricos ni se vendieron tantos coches de lujo, pero están capeando la crisis de mejor manera. Además conviene recordar que somos también campeones en economía sumergida, bajos salarios y baja cualificación en los empleos, lo que viene a negar que menos derechos laborales den mejores resultados económicos.

8) ¿Creen Vds. que Valcárcel se ha visto obligado por Zp a tomar estas medidas, o podía haber evitado esta situación?.

Evidentemente, podía haber evitado la situación. Para eso debería haber cambiado de política económica y presupuestaria hace ya mucho tiempo.

　

　

9) ¿Hay colapso financiero en la Administración Regional de Murcia?.

Está claro que hay colapso financiero. Otra cosa es que se deba sólo al gasto. Los presupuestos se hacen con previsiones de ingresos y de gastos. Y unas buenas previsiones, que se ajusten a la realidad, definen a los buenos gestores. Por lo visto, no es el caso.

10) Valcárcel dice que es ZP el culpable de la asfixia económica murciana, al no dejarle endeudarse, y que esto es injusto por ser una de las Comunidades menos endeudadas, ¿comparten Vds. ese criterio del presidente murciano?.

Defendemos el endeudamiento de las distintas Administraciones del Estado para hacer frente a sus obligaciones, aunque no tanto con entidades e inversores privados, como con una banca estatal propia, que en estos momentos no tenemos. Al estar en manos de entidades e inversores privados, el endeudamiento debe hacerse con cuidado. Sobre todo para elegir en qué se utiliza el endeudamiento: para asegurar los servicios públicos o para grandes eventos de auto bombo. No sabemos exactamente qué condiciones concretas se le han exigido al Gobierno Regional para permitirle endeudarse. Hacerlo en términos generales de déficit, sin priorizar qué gastos sí o que gastos no, tampoco nos parece bien. De todas formas, ni Zapatero ni Valcárcel están inventando nada. Están aplicando las políticas de reducción del gasto público, de adelgazamiento del Estado del Bienestar, de privatizaciones… que les pide el mercado. Se echarán la culpa el uno al otro, pero aplican la misma política, quizás con distintas formas, pero sólo en eso parecen diferenciarse.

11) Los sindicatos han hablado de "golpe de Estado social" las medidas adoptadas por el ejecutivo murciano ¿tal es el grado de retroceso de derechos sociales por parte del gobierno de Murcia hacia sus empleados públicos?.

No sólo es el grado de retroceso en las condiciones laborales, que es una barbaridad. No sólo es que se han anulado acuerdo de los últimos quince años firmados por el propio Gobierno. Es que se ha hecho, por la vía parlamentaria más rápida y que menos discusión y negociación prevé, la víspera de Noche Buena y sin aviso previo a las organizaciones con las que se habían firmado los acuerdos derogados y con quienes se debía haber negociado, como dicen las normas laborales, cualquier variación de las condiciones laborales. Si esto no es una acción dictatorial típica, más de una república bananera, que de un estado democrático, social y de derecho, que me expliquen qué lo es.

12) Cuando falta el dinero, siempre se excusa en que no hay otra salida, ¿para Vds. no habría otras medidas alternativas de reducción del gasto, que el arremeter contra los empleados públicos?.

Pues claro que hay otras medidas. Hablamos de gastos superfluos en eventos seudo culturales o de rancio matiz religioso. Hablamos de asesorías injustificadas. También de organismos antisociales como Gimcarsa, cuyo objetivo es privatizar la gestión sanitaria. Luego está el ejemplo que nos tienen que dar gobernantes y políticos, aunque el ahorro conseguido no fuera mucho, pero sí que daría un respaldo ético. No puede alguien que tiene asegurado su buen salario, dietas, gastos de representación… dar lecciones de esfuerzo solidario a quien cobra sólo 1.000 euros al mes. Y, sobre todo, no sólo se trata de reducir los gastos. También se equilibran los presupuestos con los ingresos. El control de la economía sumergida en esta Región es prácticamente inexistente. Variaciones impositivas sobre el tramo autonómico del IRPF o sobre actividades especialmente contaminantes o con grandes beneficios, también podrían darse.

13) Hasta ahora hay un alto grado de concertación de los sindicatos frente a estas medidas, llevando a una programación de medidas de protesta, ¿cree Vd. Que se seguirá dando la unidad de acción sindical en estas protestas?, ¿o prevé algún próximo desmarque de alguna organización sindical?.

Hacer previsiones sobre lo que van a hacer otras organizaciones es difícil. Lo que es evidente es que la unidad está muy bien vista por el conjunto de los empleados públicos hartos, en muchas ocasiones, de divisiones sindicales. La organización que se desmarque, cualquiera que sea la causa: no querer atacar de forma demasiado frontal a Valcárcel, obtener beneficios particulares o no perder privilegios, priorizar el reconocimiento institucional… Será la diana de las iras de un personal que se siente atacado, menospreciado y, si sucediera, traicionado.



14) ¿Boicotearon Vds. el acto de entrega de premio de la SER al presidente Valcárcel?.

No. Lo que sí hicimos fue, cuando nos enteramos de la entrega del premio a "político del año", llamar al personal de la CARM a concentrarse y mostrar su rabia contra esta propuesta (todavía no se había aprobado) al Presidente Valcárcel. Lo que pasó es que la indignación y la masividad fueron muy superiores a lo esperado, pues sólo pasaron cinco horas entre el llamamiento y la presencia de cientos de personas en las puertas de la Cámara de Comercio donde estaba previsto el acto. La presencia del Presidente era un acto político, no privado, y la protesta estaba más que justificada. La decisión de no seguir adelante con el acto fue de la Cadena SER. No fue para nada nuestra intención paralizarlo.

15) ¿Y de la agresión a los dirigentes del PP, según denunciaron estos, realmente hubo esa agresión?.

Estábamos allí y no vimos tal agresión. Vimos como se encaraban algunos dirigentes del PP con los manifestantes, pasando expresamente entre la multitud con actitud chulesca, con lo que provocaron más gritos e ira, pero ninguna agresión física. Otros, mucho más prudentes, se fueron por el camino contrario y no pasó absolutamente nada.

16) ¿Realmente actuaron Vds. como "hordas sindicales", como se les ha llegado a descalificar?.

Aquí, insultar llamando perezosos a los empleados públicos, decir que son absentistas, que cobran mucho, intentar enfrentarlos al resto de la ciudadanía… No se ve como grave. Manifestarse pacíficamente contra esos ataques, es actuar como hordas. Si lo único que pueden aducir es que alguien, entre miles, tira huevos a una fachada que pilla de camino en todas las manifestaciones de importancia que se realizan en Murcia, para menospreciar a los manifestantes, pocos argumentos tienen.

17) Se ha dado la impresión que el funcionario es alguien privilegiado, que no padece paro, ¿considera Vd. que esto es así?.

Que se lo digan a quienes no van a poder presentarse a las oposiciones que estaban preparando o a los que esperaban ser contratados o a los que siendo interinos van a ver como no se renuevan sus contratos. Hay mucha precariedad en el sector público. Tampoco los sueldos son altos. Repetidamente, los salarios en el sector privado han ido subiendo, en los años de bonanza, por encima de los del sector público. Lo que debería ser un derecho generalizado, la estabilidad laboral, se ve como privilegio. Se está pervirtiendo el lenguaje para pervertir las ideas. Y, por cierto, la estabilidad de los funcionarios, basada en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, garantizaría la objetividad de las Administraciones y la independencia respecto a los mandatarios políticos de turno, que en eso se basa la idea del funcionariado. Ya hay demasiada capacidad del poder político para meter a los "suyos" en las Administraciones.

18) ¿Qué ocurre con los derechos adquiridos de los funcionarios públicos, que no han sido respetados por este tipo de medidas legislativas de excepción?, ¿las va a recurrir judicialmente su sindicato?.

Vamos a utilizar todos los caminos legales que estén en nuestras manos, desde la movilización y la denuncia pública, hasta los recursos jurídicos a las concreciones que se hagan de la Ley de Medidas y que nos permitan esa vía. También pensamos en el Defensor del Pueblo. No renunciamos a ninguna herramienta legal para luchar contra lo que consideramos el ataque más grave a nuestros derechos de la historia democrática.

19) ¿Entre tanto, cuantas empresas públicas regionales se eliminan al comienzo de año?, ¿y altos cargos?.

No lo sabemos. Estamos a la espera de ver cómo se concretan las medidas. Veremos si realmente quieren predicar con el ejemplo. Tendremos noticias en breve.

20) ¿Es cierto que han sido Vds. provocados en alguna de sus concentraciones públicas?, ¿en qué medida?.

Son provocaciones infantiles, muy de señorito de finca. La mayor provocación es la propia Ley, propuesta por el Gobierno y aprobada por el Partido Popular en la Asamblea Regional. Luego están los que te hacen la "peineta" desde su coche al salir de la Asamblea, el día en que se aprobó el ataque. No sabemos si son asesores, diputados o simplemente holligans del PP. Pero ya le digo, eso no hace más que mostrar el tono general de chulería con que se están comportando. Sentirse provocado por eso, no merece la pena, auque puede producir, si no se tiene la cabeza fría, efectos nada edificantes.

21) ¿Hasta cuando piensan mantener las movilizaciones públicas?.

Por nuestra parte, hasta que las asambleas de los centros de trabajo lo decidan. Si esperáramos algo de lucidez por parte del Gobierno Regional, sería hasta que retiren la Ley y se sienten a negociar. Lo malo es que algunos de los acuerdos derogados se han firmado hace nada. Hemos perdido la confianza en su palabra y en su capacidad. Recuperarla es lo más difícil. Debemos prepararnos para una larga lucha, que no sólo debe centrarse en la agresión concreta del Gobierno Regional. Vienen tiempos difíciles, con recortes generalizados, y haríamos mal en no contar con ello.

22) ¿Qué otras medidas de protesta y movilización tienen pensadas?.

Para el mes de enero se está centrando la actividad en los centros de trabajo, dependiendo de los distintos sectores. Se van a realizar asambleas por grandes centros y por comarcas. En ellas se irán definiendo las acciones a realizar: paros parciales, concentraciones descentralizadas, recogidas de firmas, pronunciamientos… Todo de forma coordinada, alternando con movilizaciones más generalizadas, sin excluir nada. No queremos llevar a las trabajadoras y trabajadores a un callejón sin salida, pero tampoco podemos pensar que va a ser fácil y que se van a conseguir todos los objetivos que nos marquemos. Esta experiencia debe hacernos crecer organizativamente y recordar que los derechos no vinieron sin luchas. Que se pueden perder igual que se conquistaron.

23) ¿Cree Vd. que estas medidas harán resentirse los servicios públicos?.

La ecuación es sencilla: si se cubren menos bajas, no se cubren las jubilaciones, no se abren más centros, aumentan las ratios, se anulan determinadas tareas… ¿qué se espera? Menos servicios y peor atendidos. A pesar de las peores condiciones de trabajo: horarios más amplios, más usuarios, peores sueldos, menos medios… los empleados públicos no bajarán su nivel de implicación, pero los resultados serán por fuerza peores.

24) ¿La reforma de las pensiones públicas, resulta imprescindible?.

Estamos ante el mismo discurso que con la reforma laboral. Ni una era necesaria ni lo es la otra. Se nos está bombardeando con la necesidad de reformar las pensiones sin un solo debate público que enfrente las distintas opciones y que obligue justificarlas. Se nos dice que no se puede mantener el sistema, pero no se nos aclara porqué una sociedad sí se puede mantener a sus viejos trabajando y a sus jóvenes en el paro. Se sigue hablando como si la productividad no aumentara a lo largo de la historia. No se explica que quienes piden la reforma, una reforma que no dará pensiones insuficientes, están ansiosos por hacer negocio con las pensiones privadas. Primero quieren que las pensiones sean bajas para todo el mundo y luego, para quienes se lo puedan permitir, ofrecen planes de pensiones privados. Lo dicho, se presenta como imprescindible lo que no es más que el interés de quienes manejan el mercado y la economía.

25) ¿Tal reforma pasa necesariamente por ampliar la edad de jubilación?

Tal como he dicho, del todo no. Ni retrasar la edad de jubilación, que sólo provocará más paro juvenil, ni recortar la cuantía de las pensiones. Si se ven las aportaciones al sistema dependiendo únicamente de los salarios, mal vamos. ¿Por qué no se presupuestan los ingresos al sistema según la productividad? Lo que produce cada trabajador sube de forma más rápida, a lo largo del tiempo, que los salarios. Si lo que se piensa es que las mejoras tecnológicas y de productividad beneficien a toda la sociedad y no sólo a las rentas del capital, las aportaciones no pueden depender sólo de los salarios.

26) En estas condiciones, ¿se puede seguir hablando de carrera funcionarial, o es algo que va progresivamente disipándose?.

Bueno, como todo, dependerá de cómo se desarrolle el futuro. Si ganan los que defienden el desmantelamiento del Estado Social y la precarización generalizada del trabajo, no habrá lugar para hablar de carrera. Se impondrá la Ley de la Selva. Si ganamos quienes defendemos más servicios públicos y más derechos laborales, podremos hablar de trabajo digno al servicio de la ciudadanía, reconocido socialmente, con expectativas profesionales ajenas al devenir político concreto.

27) ¿Cree que la movilización sindical activará la aletargada sociedad civil?.

De hecho, ya lo está haciendo. La respuesta, inesperada en cierto modo, del personal que trabaja para la Comunidad Autónoma, no sólo a significado el despertar de dicho personal, sino que se está irradiando hacia el resto de la sociedad. Personas que parecían resignadas a vivir en una Región dominada por la cultura del pelotazo y sin respuesta social a la destrucción del entorno o de los derechos, miran con algo más de optimismo el futuro. No vamos a construir en poco tiempo una nueva ciudadanía más crítica y racional, más solidaria y culta, más luchadora, pero seguro que algo cambiará. Algo ha cambiado ya en las cabezas de mucha gente.

28) ¿Considera que estos hechos tendrán reflejo en las elecciones sindicales próximas?, ¿y en las autonómicas?.

En las elecciones sindicales, pienso que poco. Dependerá más del trabajo realizado en los últimos años.

En las políticas autonómicas, ya nos gustaría. Lo malo es que, al final, no haya discursos distintos respecto a los recortes en el gasto público, a las reformas que se quieren imponer, a los derechos laborales, a la gestión de los servicios públicos… Si al final se impone el discurso único que ordene el mercado, va a ser difícil la alternativa. Puede haber es un desapego por la política. Si sea quien sea el partido gobernante, se ve obligado a hacer lo que manden los agentes externos, difícil futuro para la democracia.

PUBLICADO EN MURCIACRITICA

II ASAMBLEA CIUDADANA POR LOS DERECHOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Jueves, día 18 de noviembre, a las 19,00h. Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia

Con la intervención de Patrick Choupaut, miembro de la Comisión Internacional de la organización Union Syndicale Solidaires

PLATAFORMA CIUDADANA POR LOS DERECHOS SOCIALES
DE LA REGIÓN MURCIANA

Desde que la HOAC, la Alianza Regional Contra la Pobreza, Ecologistas en Acción, la Asamblea de Personas Paradas y Afectadas por la Crisis de Molina de Segura, el Foro
Ciudadano y el Foro Social de Murcia, en el pasado mes de julio constituimos en la
región murciana la Plataforma Ciudadana de Apoyo a la Huelga General del 29-S,
hemos estado trabajando activamente por explicar a la ciudadanía el contenido
profundamente injusto y antisocial de las políticas económicas de la UE, y de los
gobiernos de España y de la Región de Murcia. Hemos volcado todo nuestro esfuerzo
para lograr el éxito innegable de la huelga.

Transcurrida la jornada del 29-S, es visible la cerrazón de los gobiernos y su invariable sometimiento a los intereses de la banca, los muy ricos y las multinacionales, es decir los causantes de la crisis. Los que se enriquecieron de forma brutal en los años de bonanza, generando con su especulación burbujas que al estallar les provocaron a ellos mismos una enorme deuda privada, que los gobiernos han convertido en deuda pública que hemos depagarles todos nosotros a ellos, para lo que no han dudado en destinar enormes cantidades de dinero público, procedentes de los impuestos, la rebaja salarial a los empleados públicos, la congelación de las pensiones o la reducción de diferentes partidas sociales, para que los bancos saneen sus cuentas.

Desde julio hasta aquí, el paro ha seguido aumentando. Cada vez son más las personas
paradas que no reciben ninguna ayuda, y para el próximo febrero caducarán los
subsidios de 426€ a unas 243.000 personas, y la ministra Salgado ya anunciado que no
se renovarán. No paran de aumentar los embargos bancarios por impago de hipotecas,
y la pobreza, la precariedad y la excusión sociales aumentan progresivamente.

Insatisfechos con lo anterior, y jaleado por la banca y el Banco de España, el gobierno está preparando una reforma de las pensiones cuyo fin es crear la necesidad de planes de pensiones privados para incrementar aun más la tasa de beneficios de la banca.

No se están abordando ni los efectos del cambio climático, ni se están adoptando
medidas contundentes para combatirlo.

En conclusión: no sólo están incrementándose los efectos negativos de la crisis y
aumentando el sufrimiento social, sino que las políticas emprendidas amenazan
directamente el modelo europeo de Estado del Bienestar, sin abandonar la misma
lógica que nos trajo la crisis. Por si esto fuera poco, las medidas que se van conociendo del programa del PP apuntan hacia mayores recortes sociales y privatizaciones, que sólo servirán para aumentar las desigualdades.

En estas circunstancias, la Plataforma Ciudadana de Apoyo a la Huelga General del 29-
S considera que aun habiendo pasado ya el hecho que provocó su constitución, no sólo
no cabe disolverse, sino que es necesaria su continuidad para mantener viva la llama
de la protesta frente las injusticias que denunciamos, y para seguir exigiendo desde la ciudadanía que los poderes públicos sean más democráticos y consecuentes con los
compromisos electorales, y que la ciudadanía tenga un peso mayor que el simple
ejercicio de voto cada cuatro años. La lucha por los derechos sociales será una larga
batalla que sólo se ganara con la movilización social.

Para dotar de continuidad a este empeño en el ámbito de la región de Murcia proponemos que la Plataforma Ciudadana de Apoyo a la Huelga General del 29-S pase a denominarse Plataforma Ciudadana Por los Derechos Sociales.

Para comunicar esta decisión y conocer las opiniones de cuantas personas estén
interesadas, la Plataforma Ciudadana Por los Derechos Sociales convoca la II
Asamblea Ciudadana que tendrá lugar el próximo jueves, día 18 de noviembre, a las
19,00h., en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia
(Campus de la Merced). Por tratarse de una lucha que vas más allá de la fronteras
nacionales, en esta ocasión contaremos con la participación de Patrick Choupaut,
miembro de la Comisión Internacional del sindicato francés Union Syndicale
Solidaires, vinculado a ATTAC-Francia, que está teniendo un papel muy activo en las
huelgas generales y movilizaciones de aquel país.

29-S: una Huelga General legítima y necesaria.

El pasado 16 de junio, el Gobierno socialista, mediante real decreto ley, ha aprobado una reforma laboral regresiva que facilita y abarata el despido, reduce los derechos laborales y sociales, debilita la negociación colectiva y aumenta el poder empresarial y la capacidad de acción discrecional de los empresarios en las relaciones laborales. Esa reforma laboral, ya en vigor, y las medidas de ajuste fiscal adoptadas a mediados de mayo (congelación de las pensiones, reducción de los salarios de los empleados públicos, disminución de la inversión pública…) conforman los componentes básicos de la política antisocial adoptada por el Gobierno, reflejan la magnitud del incumplimiento de sus compromisos sociales y certifican la ruptura del diálogo social con los sindicatos.
Estas medidas aprobadas, lejos de delimitar las características específicas de la crisis de la economía española, abordar sus causas y afrontar sus negativos impactos económicos y sociales no contribuyen en nada a solucionar la extrema debilidad de la actividad económica y la escasez de empleos ni a resolver los graves problemas que afectan a parados, a una parte significativa de pensionistas y amplios sectores de la ciudadanía.
Los últimos datos sobre el mercado laboral ofrecidos por el INE (segundo trimestre de 2010), revelan la magnitud de la catástrofe objetiva y cuantificable que sufre nuestra economía.
Merece la pena volver a reseñar los datos más significativos proporcionados por el INE:
1. El paro sigue creciendo y la cifra de personas que buscan empleo con suficiente empeño como para ser consideradas paradas alcanza ya los 4.645.500 (20,1% de la población activa).
2. Las situaciones más alarmantes afectan a:
• Los/as parados/as de larga duración (1.810.800 personas llevan más de un año en paro).
• Los/as jóvenes menores de 25 años (871.100 parados/as y una tasa de paro del 42,1%).
• Las personas inmigrantes (1.105.400 parados/as y una tasa de paro del 30,2%).
• En situación límite se encuentran 1.308.300 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en paro.

Además, permanecemos en la cola de la Europa social, siendo el estado de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Mientras se ha producido un enorme incremento de los beneficios empresariales. Durante el período 1999-2008 las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos en un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo período sólo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15).
Estos datos nos muestran como la política del gobierno ha ido en beneficio de los intereses empresariales, y no tanto en relación a los intereses de la mayoría de la sociedad. La gestión de la crisis por parte del gobierno ha confirmado esta tendencia. No cabe duda de que la gestión de una crisis económica como la presente no es tarea sencilla que pueda lograrse con ocurrencias y simplezas que poco tienen que ver con la superación de la crisis y mucho con intereses económicos y políticos muy concretos, que ejercen un poder muy superior al de las capas sociales damnificadas por la crisis.
En este sentido, en el amplio repertorio de soluciones que se han ido presentando por parte del Gobierno se abrió paso la necesidad de la reforma laboral para “salir de la crisis”. Una reforma laboral que supone un importante recorte de los derechos sociales y que muestra cómo, una vez más, son los sectores populares, auquellos que padecen más las consecuencias de la crisis, los que están llamadas a pagar sus consecuencias, mientras los grandes responsables de la misma no se ven afectados.
La nueva reforma laboral implica pérdida de derechos. Esos derechos se han ido conquistando con mucho esfuerzo a lo largo de mucho tiempo. Su pérdida no se recuperaría fácilmente. Probablemente haya quien piense que en materia de derechos no se desanda el camino, que siempre se avanza y que la modernización y el progreso consolidan y amplían los derechos conseguidos. No es así. Los derechos laborales han sufrido a lo largo de los siglos XIX y XX un acoso constante y se han abierto paso en condiciones muy difíciles y a través de luchas y conflictos que enfrentaban los intereses de patronales y trabajadores. El resultado de cada uno de esos conflictos muestra que, al margen de su mayor o menor dureza, en materia de derechos también se puede perder y retroceder.
Para intentar justificar el giro de su política socioeconómica y neutralizar la oposición popular, el Gobierno reelabora el viejo discurso de la necesidad de austeridad, de la aceptación de esos recortes y el empeoramiento de condiciones sociolaborales. Pero estas medidas de austeridad no son equitativas ni justas. Ni siquiera es una austeridad compartida ni equilibrada y el coste adicional de las medidas lo vuelven a pagar los débiles.
Del examen de las medidas del Gobierno, que concretan los contenidos antisociales y perjudiciales para la reactivación económica de su viraje hacia políticas neoliberales, se deduce que existen motivos consistentes para oponerse a ellas. El rumbo asumido por el Gobierno socialista, que no es otro que el que venían defendiendo (en sus componentes básicos o sustantivos) la derecha y la patronal CEOE, nada aporta para superar la crisis y nada ofrece para solucionar los problemas, carencias e inseguridades que sufre el conjunto de la ciudadanía.
Ante esta situación, los sindicatos han respondido convocando una Huelga General para el próximo 29-S. Desde muchos sectores de la izquierda social mantenemos una actitud crítica con respecto a unos sindicatos que desde hace años han mantenido una trayectoria de pasividad y acomodación con respecto a las políticas gubernamentales más negativas social y laboralmente. Sin embargo, lo cierto es que las consecuencias de esta política económica y antisocial del gobierno trascienden a los sindicatos y afectan al conjunto de la ciudadanía. Es por ello, por lo que el hecho de que sean los sindicatos los convocantes no debe anular las razones y la necesidad de dar una respuesta social amplia a las actuaciones del gobierno. Es por ello por lo que creemos necesario apoyar activamente la Huelga General, sin renunciar por ello a mantener una actitud crítica con respecto a los sindicatos.
Por otro lado, entre amplios sectores progresistas se mantiene una actitud de indecisión sobre la huelga general ante el deseo de evitar la vuelta del PP al poder. Sin embargo, pensamos que es un error deducir que ese objetivo va a ser más fácilmente alcanzable si se suavizan las críticas, se rebaja el alcance del rechazo a las medidas gubernamentales o la huelga general recibe unos apoyos limitados. Ante la situación de recorte de derechos que se viene desarrollando por parte del gobierno socialista, es necesario que las bases progresistas de la sociedad expresen un contundente rechazo que exprese que queremos un modelo social distinto, y que no estamos por transitar por el camino ultraliberal, que ha sido el causante último de la situación de crisis actual.
La convocatoria de Huelga General se encuentra sujeta a dificultades para que se desarrolle con éxito: en primer lugar, la propia situación de crisis económica y la grave situación social que padecen amplios sectores de la sociedad, con altos niveles de inestabilidad y precariedad laboral, son un obstáculo para la participación en la Huelga; en segundo lugar, la debilidad institucional de la izquierda y el elevado debilitamiento de los colectivos sociales y la izquierda social, con una escasa capacidad de conectar con amplios sectores de la sociedad y de canalizar la movilización; en tercer lugar, porque la correlación de fuerzas en esta Huelga Genertal es ampliamente desequilibrada a favor de los poderes gubernamentales y empresariales, con el amplio apoyo de los medios de comunicación; y finalmente, porque ni el gobierno socialista tiene intención de dar una salida satisfactoria a corto plazo a una huelga exitosa, ni existen fuerzas políticas con capacidad para forzar un cambio de rumbo.
Sin embargo, desde acciónenred pensamos que es necesario participar activamente en esta Huelga General, a pesar de las dificultades y las expectativas de éxito, por varios motivos:
(1) Porque hay razones consistentes y suficientes para rechazar la política antisocial del Gobierno y las reformas que concretan ese rumbo y deterioran los derechos y las condiciones de vida de la mayoría. El proceso emprendido y el alcance regresivo de las medidas aprobadas tienen consecuencias profundas y duraderas. Van a condicionar la intensidad de la recesión, el tipo de salida de la crisis, el modelo socioeconómico resultante, las futuras relaciones laborales y la solidez del Estado del Bienestar.
(2) Porque si estas reformas llegan a aplicarse sin una fuerte oposición social, se facilitará el paso a nuevas agresiones sociales, debilitarán las dinámicas progresistas y desarticularán el sentido de justicia social y la cultura democrática que siguen vigentes, en la izquierda social y el tejido asociativo. En este sentido, pensamos que es necesario aunar fuerzas para que la Huelga sea lo más exitosa posible.
(3) Porque a pesar de que los sindicatos mayoritarios son los primeros que se juegan mucho en esta Huelga General, ya que su fuerza institucional puede verse fuertemente afectada, es el conjunto de la izquierda social e institucional la que podría quedar más debilitada todavía, no ya en el aspecto de la capacidad de acción y movilización de la sociedad, sino en la pérdida de prestigio de un discurso diferente que permita abrir posibilidades a un desarrollo diferente del que ha tenido la crisis hasta este momento.
Por todo ello, desde acciónenred, apoyamos y convocamos a todas las personas y colectivos sociales para que participen activamente en la Huelga General del 29 de septiembre con el fin de expresar la oposición ciudadana a las políticas antisociales gubernamentales, rechazar la reforma laboral y evitar la anunciada reforma del sistema público de pensiones y para exigir un cambio en la orientación de la política socioeconómica. Además la Huelga General constituye un reto para el conjunto de la izquierda social y una oportunidad con el fin de ganar apoyos en la idea de avanzar en el desarrollo de propuestas progresistas, que apuesten por el cambio de las estructuras sociales y promueva un modelo socioeconómico y de empleo más justo, solidario y sostenible.


18 de septiembre de 2010.
acciónenred.

Manifestación NO A LA REFORMA DE LAS PENSIONES

VIERNES 5 de marzo 2010 19:30

La reforma que viene

Mientras todo el mundo habla de las pensiones, se están negociando las líneas maestras de la nueva reforma laboral. Todavía no se han escrito sus líneas precisas, pero el Gobierno nos dejó un documento que los sindicatos CCOO-UGT y la patronal CEOE vieron como un buen punto de partida.
El Gobernador del Banco de España, M. A. Fernández Ordóñez, llevaba tiempo empeñado en convencernos de que es necesaria una reforma laboral para salir de la crisis. En la misma línea, el “Manifiesto de los 100”, defiende un nuevo tipo de contrato laboral que abarate el despido.
Poco importa que los mil y un análisis que se han hecho sobre los orígenes de la crisis nos den una respuesta contundente: la crisis la provocaron las ansias de enriquecimiento rápido, la especulación y la falta de controles gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional.
Da igual que los análisis de la situación española, de forma especial en la franja mediterránea, sean unánimes en la denuncia de la desequilibrada estructura productiva, con un sector inmobiliario sobredimensionado y una banca que ha apoyado aventuras, en la construcción y las infraestructuras, difícilmente explicables y ahora, por lo que ellos mismos dicen, imposibles de amortizar.
La crisis no vino motivada por las “rígidas” relaciones laborales pero, una vez más, las rentas del capital quieren aprovecharla para privilegiar aún más su posición frente a las del trabajo, que son las que están sufriendo las consecuencias de tanto desmán. Mientras, el capital espera tiempos mejores, retirado en sus dorados paraísos o especulando e invirtiendo, a altos intereses, en la deuda pública de seguro cobro, que están generando los Estados.
A Fernández Ordóñez y los cien economistas del Manifiesto, se les unen las organizaciones patronales, como si la el actual mercado laboral les hubiera impedido saldar el año 2009 con 815.000 personas asalariadas menos. Menos mal, que es rígido…
La verdad es que resultaría cómico, si no hubiera tanto sufrimiento detrás, que los “mejores economistas del país” fueran incapaces de prever el cataclismo económico y social que se nos venía encima y ahora se atrevan a vaticinar el tiempo que, con una reforma laboral adecuada, ahorraríamos en recuperar el empleo. Calculan estos sabios del FEDEA (dependiente de poderosas corporaciones empresariales y bancarias españolas) que la recuperación del empleo tardaría sólo seis años y medio, con reforma laboral y que, sin ella, tardaríamos diez años.
El pretexto de la pretendida reforma, es la dualización del mercado laboral entre los contratos fijos, muy caros de rescindir y los temporales, que son los que están pagando las consecuencias. Se otorga el carácter de privilegiadas a las personas con contrato fijo frente a quienes sufren la temporalidad y, de paso, se les culpabiliza junto al personal funcionario, desviando la atención de quienes ni se sonrojan ni se arrepienten.
Nunca se vio tanta preocupación por la temporalidad, por parte de quien se aprovecha de ella. Como si la culpa no fuera de quien contrata y de cómo lo hace. De las sucesivas reformas laborales que han multiplicado las posibilidades de contratos basura. De la excesiva manga ancha con que se controlan (o más bien no se controlan) los contratos temporales que ocupan puestos de trabajo permanentes. De la poca justificación que necesita un despido para ser firme, ya que pagando la indemnización se resuelve.
Se está pidiendo un modelo único de contrato laboral, indefinido y con un menor coste del despido, a través de distintas fórmulas. Además, se pretenden desjudicializar los despidos, aumentando si cabe, la indefensión ante ellos. Se demanda individualizar las relaciones colectivas, empresa a empresa, dejando así a quienes tienen poca capacidad organizativa y reivindicativa sin el escudo que suponen los convenios colectivos sectoriales y territoriales.
Como lo hace redundantemente, la patronal defiende disminuir su parte de las cotizaciones sociales, esto es, disminuir las posibilidades de protección a quienes la necesiten. Es lo que se debe esperar de una patronal que es capaz de echarle la culpa del desempleo, por boca del presidente de la comisión económica de la CEOE, J. Luís Feito, a los altos salarios españoles.
El Fondo Monetario Internacional también apunta hacia nuestros altos salarios, demandando su rebaja para salir de la crisis. No está mal considerando que la media española es de 21.500 euros anuales frente a los 27.036 de la media UE. En el Reino Unido, con 46.000 euros de salario medio, deberían estar al borde del colapso laboral, pero no, resulta que acaban de salir de la recesión.
De momento, el Gobierno tiene un discurso contrario a la definición de un nuevo tipo de contrato, con propuestas muy generales e inconcretas. Algunas van en la línea de reforzar tipos de contratos ya existentes como el de formación y el de fomento.
Los últimos anuncios y renuncios del Gobierno con el tema de las pensiones y la edad de jubilación o los recortes previstos del gasto público, que aún pueden ser mayores, -según aseguraba en Londres J. Manuel Campa, Secretario de Estado de Economía, para convencer a quienes están especulando con la deuda española- nos descubren a un J. L. Rodríguez Zapatero que, lejos de posicionarse por la preservación de derechos laborales y sociales y de invertir en la reorientación de la economía, pareciera que está optando, en los últimas semanas, por plegarse a las condiciones que se le imponen desde el gran capital y el mercado.
En eso Mariano Rajoy tiene ventaja. Él no tiene dudas sobre lo que haría, en caso de llegar al Gobierno, ni ve la necesidad de explicarnos sus propuestas. Simplemente repetiría los dictados de quienes mandan en los mercados, como abaratar el coste del despido o congelar los salarios, pero desde el principio y sin complejos.
Con estos mimbres, junto a la experiencia de las anteriores reformas laborales, no cabe esperar que la próxima pueda mejorar la situación para las personas trabajadoras.
Aunque el rápido acuerdo en materia de negociación colectiva no anime, esperemos que CCOO y UGT, en su negociación con la patronal no caigan, una vez más, en el error de dar por bueno el principio liberal de que la economía va bien si la Bolsa va bien y se multiplican los beneficios de los inversores.
La Economía irá bien si da respuestas a todas las necesidades sociales de la población, aunque eso no haga rica a ninguna persona. Pero claro, esto puede sonar a subversivo antisistema…

Toni Carrasco