El 22 de diciembre pasado comenzó en la Región Murciana una rebelión que nadie esperaba y que aún no se sabe cómo acabará. Estos apuntes pueden servir para conocer y entender mejor este proceso, que está lejos de acabar. Un proceso que tiene que ser vigilado con atención, porque puede dar pistas acerca de los intentos generalizados para acabar con los servicios públicos y los derechos sociales, con las organizaciones sindicales y la negociación colectiva, con el trabajo estable y con derechos… Es la primera Comunidad Autónoma que se atrevió a tomar decisiones tan graves, pero puede no ser la última.
Las medidas.
Todo empezó con una proposición de Ley sorpresa que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, del PP y con 16 años en el poder, se sacó de la manga modificando los Presupuestos Generales pocos días después de haberlos aprobado. Esta Ley fue redactada a toda prisa, para cumplir los criterios de déficit exigidos por el Gobierno Central y que la Comunidad Autónoma había excedido con mucho. La proposición de Ley se registró el días 21, para ser aprobada dos días después, sin posibilidad de enmiendas, por tramitación urgente.
En la Ley 5/2010 de “Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas” se recorta el salario de las 55.000 personas empleadas en la Administración Regional, un recorte que se suma a la rebaja salarial que impuso en mayo el Gobierno de J. L. Zapatero al conjunto de trabajadores y trabajadoras al servicios de las Administraciones Públicas. Junto a las retribuciones, la Ley marca retrocesos en otros aspectos. El más importante es, sin duda, el aumento de la jornada laboral, que pasa de 35 horas semanales, una conquista conseguida pocos años antes, hasta las 37,30 horas.
La disminución al 50% del Plan de Acción Social (ayudas por hijos e hijas, a la discapacidad, a los nacimientos y a los estudios), la rebaja del salario durante la Incapacidad transitoria al 75%, la disminución del valor de las horas extras (pasan de equivaler una hora y tres cuartos a una hora y cuarto)… son otras de las medidas que pretenden hacer recaer la reducción del déficit en el personal empleado de la Comunidad Autónoma.
A ello se añade la derogación de todos los acuerdos y pactos, firmados desde el año 1998, sobre las condiciones de trabajo (jornada, salarios…) y sobre derechos sindicales, anulando, en la práctica, el derecho a la negociación colectiva.
La respuesta.
De forma inmediata al conocimiento, por parte de los sindicatos, de los contenidos de la proposición de Ley, el mismo día 21 se enviaron correos y mensajes de forma masiva, que pusieron en guardia a prácticamente todos los empleados y empleadas de la CARM, y se constituyó el día 22 un “comité de crisis” con todos los sindicatos que actúan en la Administración Autonómica, salvo el Sindicato Médico.
Esa misma tarde, ante un acto de la cadena SER, que otorgaba el premio “político del año” al Presidente Valcárcel, se convocó por estas vías informales y más de dos mil personas se concentraron, con una rotundidad que hizo imposible el acto. Aquella noche aparecieron los huevos, que han quedado como símbolo de las movilizaciones.
El día 23, víspera de Nochebuena, se dio otra concentración, en las puertas de la Asamblea Regional donde se aprobó la proposición, que pasó a convertirse en Ley. Ese día, la policía tuvo que cargar para permitir que algunos personajes públicos del PP pudieran entrar al Parlamento.
Desde entonces, se han realizado varias manifestaciones que, por su histórica participación masiva, han hecho recordar las manifestaciones contra la Guerra de Irak. Hasta la prensa regional, claramente favorable al Gobierno, ha tenido que reconocerlo.
La organización:
Tras la primera reunión y convocatorias de urgencia, se estabilizó la unidad sindical a dos niveles: uno general y otro por los tres sectores en que se organiza el personal de la Comunidad Autónoma: Administración General y Servicios, Sanidad y Educación.
Cada comité de sector ha organizado las movilizaciones y medidas de protesta específicas: Asambleas, concentraciones, cuelgue de pancartas, encierros y otras actuaciones. El comité de crisis coordinaba todo y organizaba las acciones de carácter general: grandes manifestaciones, concentraciones ante el edificio de la Presidencia del Gobierno, seguimiento de los actos públicos de los miembros del Gobierno...
Una unidad difícil, con sindicatos de corte corporativo, cercanos ideológicamente al PP, que se han visto forzados por sus bases a participar. Con tensiones y cesiones, ésta se ha mantenido más de lo previsto. Las asambleas de los centros de trabajo, como fuentes de unidad y de propuestas, han sido fundamentales para sostenerla y el Gobierno, aunque lo ha intentado de todas las formas posibles, no ha conseguido romper la unidad hasta más tarde.
Se ha conseguido, poco a poco, unir a parte de la ciudadanía ante el convencimiento de que las medidas del Gobierno, aparte de recortar derechos al personal empleado público, tendrá efectos devastadores sobre los servicios públicos: sanidad, educación, política social... Servicios que ya se vieron afectados, de forma importante, con la aprobación de los Presupuestos para el 2011.
La criminalización, la represión y la amenaza.
Desde el principio, se ha jugado con el tópico del funcionario, privilegiado por su trabajo y sueldo seguros, absentista y vago, para justificar las medidas primero y para desacreditar las movilizaciones después.
La agresión al Consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma, en un oscuro episodio que nadie ha aclarado todavía, vino a aumentar los ataques al personal empleado público. Todo el Gobierno y el Partido Popular salieron con un furor desbocado a ligar movilizaciones y agresión. Eso en una campaña que añadía presuntas agresiones e insultos, en las movilizaciones, a cargos del PP y a la familia del Presidente.
También los sindicatos han recibido su parte. La disminución drástica de los permisos sindicales que se reflejan en la ley, han ido acompañados de un ataque sin precedentes a la utilidad de los sindicatos y al carácter, también privilegiado, del trabajo sindical. En la línea que marcó la Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ocultando la intención de acabar con la negociación colectiva y los mecanismos de defensa de las personas trabajadoras.
Durante todo el proceso, Valcárcel, en quien se han centrado las críticas, ha intentado criminalizar la movilización y a los sindicatos. Intentó que la manifestación más numerosa fuera prohibida y sacada del centro urbano de Murcia. El motivo era que su nueva casa, que nadie sabe muy bien cómo ha conseguido adquirir, ha sido objeto de la ira de los manifestantes y en cada movilización, es parada obligatoria y diana de muchas docenas de huevos. Está en la Gran Vía de la ciudad, por donde pasan todos los actos culturales, políticos y festivos de Murcia.
En estos dos meses, el Gobierno ha intentado ocultar las movilizaciones y sofocar las protestas, no sólo vinculando violencia y movilización, a través de los medios de comunicación y de cartas personales enviadas a todos los empleados y empleadas de la Comunidad Autónoma. También con mentiras y tergiversaciones acerca de los efectos de las medidas, con amenazas para quienes se movilizaran, enviando personal a controlar quienes se movilizaban en cada centro, transmitiendo a los responsables de los centros la ilegalidad de concentrarse, colgar pancartas o de utilizar los medios de un centro para la protesta. Igualmente se ha intentado impedir, una y otra vez, el acceso a los centros de trabajo por parte de los delegados y delegadas sindicales en su trabajo de información.
De todas formas, estas torpezas del Gobierno, en muchas ocasiones, a avivado las ganas de pelear de mucha gente. El personal empleado público se ha sentido insultado y reprimido. Es como si hubiera visto, por fin, la otra cara del Presidente, cuando las cosas no son como él quiere y surge el interior autoritario, cuando no fascista, del señorito de la finca.
La negociación y la división.
Tras un mes de repetir que no cedería, el Presidente Valcárcel accedió a recibir a los representantes de los sindicatos del comité de Crisis y se inició un proceso de negociación. Lo malo de este proceso es que se iba a discutir de recortes, es decir, que no era para negociar mejoras sino para ver qué medidas de ahorro en personal se iban a tomar.
Tras pocos acercamientos, la oferta final fue la de reducir a la mitad los recortes salariales, pasar la jornada semanal a 36 horas y media, limitar la vigencia de la Ley al ejercicio 2011, dejando los recortes en la Acción Social y recuperando la hora y tres cuartos como compensación por hora extra. La IT se pagaba de nuevo al 100%, pero se introducía la posibilidad de control de las bajas por parte de una Mutua.
A esta propuesta (que hoy ya será reforma aprobada de la Ley) se unieron los sindicatos corporativos ANPE (Enseñanza) CSIF (Función Pública) SATSE (Enfermería) CESM (Medico) y SIDI (Enseñanza) en un cambio de sus dirigentes que, sin duda, fue forzado por Valcárcel, en esta situación que se le había convertido en insostenible, haciéndoles pagar el peaje por sus apoyos y ayudas.
La situación actual.
Tras este acuerdo sobre los recortes, han quedado CCOO, UGT y LA INTERSINDICAL como organizaciones resistentes. El Gobierno ha comenzado el contraataque en todos los frentes: con las asociaciones de su extensa red, con la prensa, continuando con las amenazas y advertencias en los centros de trabajo, con los propios sindicatos firmantes que, para justificar sus renuncias, o más bien para ocultarlas, están difundiendo afirmaciones falsas sobre los recortes y acusaciones sobre las “oscuras” intenciones de las organizaciones sindicales que siguen con la protesta: motivos políticos, distinto rasero reivindicativo para Zapatero que para Valcárcel, defensa exclusiva de las liberaciones sindicales, mejora sustancial sobre la Ley original...
Inmediatamente después de la firma, se realizó otra gran manifestación en la que participó mucha afiliación decepcionada de los sindicatos firmantes, pero la agresiva campaña iniciada está surtiendo, poco a poco sus efectos.
Por el otro lado, se siguen haciendo asambleas, para informar sobre las medidas y proponer acciones en su contra. También movilizaciones, aunque algo disminuidas por la presión, la campaña de intoxicación publicitaria y cierto desánimo. De todas formas, la medida la tendremos en la próxima manifestación del 1 de marzo, que pretendemos masiva.
Por nuestra parte, intentamos aprender con el proceso, mantener la tensión participativa y acumular conciencia reivindicativa y organizativa. Los últimos años han significado, en la Región Murciana, un hundimiento de las ideas progresistas: de la razón, de la resistencia frente a las desigualdades, de la solidaridad. Una situación que parece poder cambiar tras el atracón de realidad que han supuesto las medidas y, sobre todo, la actitud prepotente y chulesca del Gobierno Regional.
Esta actitud sólo se entiende desde quienes creían tener todo bajo control. Con una mayoría prevista que llegaba al 70% para las próximas elecciones autonómicas, nadie pensaba que pudiera estallar esta respuesta. Y menos que nadie, el propio Gobierno con Valcárcel a la cabeza. La Región Murciana se estaba acercando a una situación de partido único, con un tejido asociativo vinculado al PP, que llega a cualquier lugar o sector. La política victimista frente a los demás territorios del Estado Español, la bandera del agua como fetiche milagroso para todos los males de la Región, la red clientelar tejida y los años de bonanza económica han colocado al PP murciano como dominador absoluto del panorama político murciano.
Durante los años de vacas gordas, la Región Murciana pasó de tener una de las tasas más altas de paro del Estado a sólo un 7,15%. Pero se trata sólo de un espejismo: el crecimiento económico se basó de forma irracional en la construcción y la especulación, sin ningún tejido industrial estable. Todos los presupuestos y previsiones del Gobierno se basaban en este crecimiento sin tener en cuenta su fragilidad.
Ya denunciábamos que esta desequilibrada política económica no era sostenible y la realidad de la crisis nos hizo bajar de golpe de la nube. En cuatro años hemos pasado, otra vez, a ser campeones del paro (24,98%) y la economía sumergida, el trabajo sin derechos, vuelve a campar en este territorio. Y las perspectivas no son nada alentadoras. Mucho nos tememos que esto no acaba aquí: En junio, tras las elecciones autonómicas, el Gobierno tendrá que pensar nuevos recortes.
De la actitud del personal empleado público y del conjunto de la ciudadanía dependerá que mire por fin hacia su política de grandes y caros eventos, su red clientelar, la estructura desproporcionada de jefaturas en la Administración Autonómica, al gasto farmacéutico, la externalización y privatización de servicios beneficiando a empresas amigas, las subvenciones para fundaciones ligadas al PP, el aumento del tramo autonómico del IRPF para los altos ingresos… o que se vuelvan a cebar con los derechos sociales y laborales de la población murciana.
Mientras tanto, seguiremos con la actitud transmitida por todos los trabajadores y trabajadoras que, de forma ejemplar, han dado muestras de unidad, dignidad y resistencia, que son los lemas de esta lucha. Una lucha que apenas comienza por estas tierras.
Toni Carrasco
Intersindical de la Región Murciana
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