SÁBADO 18 DE DICIEMBRE 2010
18:30 PLAZA FUENSANTA. MURCIA
La Plataforma por los Derechos Sociales, integrada por la
HOAC, la Asamblea de Personas Paradas y Afectadas por l a Crisis, el
Foro Ciudadano, la Alianza Regional contra la Pobreza, Ecologistas en
Acción y el Foro Social, apoyamos la manifestación del próximo
sábado, convocada por UGT y CC.OO., en contra de los recortes
sociales aprobados por los gobiernos estatal y regional, por entender
que suponen un nuevo intento de cargar la crisis sobre los sectores
sociales menos culpables de la misma, y más débiles
económicamente.
Consideramos que el modelo de supeditación de las políticas
económicas a la ambición de los “mercados” es contrario a la
democracia, y atenta por tanto a los más elementales Derechos
Humanos, cuyo aniversario hemos celebrado muy recientemente.
En consecuencia llamamos a la ciudadanía a participar
activamente en la defensa de los Derechos Sociales amenazados,
sumándose a esta y a cuantas movilizaciones sean convocadas en
esta dirección.
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viernes, 17 de diciembre de 2010
viernes, 22 de mayo de 2009
MARCHA DE PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS
MARCHA DE PERSONAS PARADAS Y AFECTADAS POR LA CRISIS
En la Región de Murcia:
• Hay ya más de 140.000 personas paradas
• De las 140.000 sólo 72.800 cobran algún tipo de prestación
• Los embargos bancarios por impago de hipoteca han aumentado un 140% en el último año. Muchas familias de nuestra región están amenazadas de perder sus casas.
• Ninguna de las medidas adoptadas a nivel estatal ni a nivel regional tienen en cuenta estas situaciones
• El subsidio de 420€ aprobado a nivel regional es claramente insuficiente
• El Presidente Valcárcel y otros proponen bajadas de impuestos a los ricos, abaratamiento de los despidos y recorte de derechos sociales
• Se sigue inyectando dinero público en los bancos, y en las grandes empresas .
• Se criminaliza a los inmigrantes, a los que antes se ensalzó por su aportación al crecimiento
• Grandes empresas con elevada tasa de beneficios, como El Pozo están aprovechando la crisis para rebajar las condiciones de sus trabajadores y despedir a otros
• Se sigue apostando por el capitalismo más insostenible
• No se abordan la crisis social, la alimentaria, la medioambiental ni la energética.
• Muchas personas están ya en peligro de pobreza y exclusión social
Todas las medidas de las instituciones, van dirigidas a reflotar el neoliberalismo anterior a la crisis, por lo que, si alguna vez tienen éxito:
• Habrá pasado un muy largo tiempo en el que crecerá el sufrimiento y empobrecimiento de muchísimas personas y países
• La crisis climática será mucho más difícil de parar etc.
domingo 31 de Mayo, partirá a las 10.30 de la mañana
Desde la Plaza del Ayuntamiento de Molina hasta el Palacio de San Esteban en Murcia.
Foro Social de Murcia, Sterm-Intersindical, HOAC, Comunidades Cristianas de Base, IU.
Más información: http://www.forosocialdelaregiondemurcia.blogspot.com/
miércoles, 1 de abril de 2009
De la precariedad a la exclusión La inmigración ante la crisis. Toni Carrasco
Durante el periodo de bonanza económica (aunque alguien tendría que relativizar el término y ajustarlo sólo a los verdaderos beneficiarios) la población inmigrante aumentó para seguir alimentando las necesidades de nuestro crecimiento económico. Un crecimiento basado en sectores intensivos en mano de obra no cualificada.
Según datos del INE, la población extranjera en el Estado Español ha pasado de algo más de seiscientas mil personas, en el año 1998, a sobrepasar con creces los cinco millones, a finales de 2008.
Los sectores económicos que cobijaron esta mano de obra inmigrante fueron, fundamentalmente, la construcción, la agricultura y los servicios (hostelería y servicio doméstico). Es decir, ámbitos que han tenido una fuerte demanda o que se han visto abandonados, debido a sus escasos salarios o sus deplorables condiciones laborales, por parte de las personas autóctonas.
En estos sectores se concentraba, ya antes de su llegada, la mayor tasa de precariedad, del empleo temporal e irregular, con fuerte presencia de la economía sumergida.
Por otro lado, en los sectores que primero y más fuertemente están sufriendo la crisis, construcción (con 350.000 nuevas personas paradas en un año) y servicios (con unos 400.000) quienes se van al paro son aquellas personas que tienen contrato temporal. Apenas ha variado el número de contratos indefinidos, durante el año 2008 (incluso se ha reflejado un cierto aumento), mientras que han bajado, en casi 700.000, los contratos temporales totales.
Quienes tienen empleo temporal, y la inmensa mayoría de las personas trabajadoras inmigrantes lo tienen, son pues las que están sufriendo, en primer lugar, los embates de la crisis, ya que acabar con el empleo temporal tiene un coste cero para las empresas y administraciones. Evidentemente, y aunque los empresarios digan lo contrario, el despido libre existe, basta con no renovar la contratación. Teniendo en cuenta que estamos en un territorio donde el porcentaje de empleo temporal ronda un 30% del total del trabajo asalariado regulado (sin tener en cuenta todo el empleo sumergido) podemos hacernos una idea de la situación.
Frente al desempleo, no todos los colectivos sociales tienen las mismas posibilidades de respuesta. La inadecuación de la legislación española a la realidad obliga, desde siempre, a que quienes vengan desde fuera a trabajar, lo hagan ilegalmente, salvo las porcentualmente escasas contrataciones en origen que se hacen. En la práctica, los procedimientos para regularizar la situación de quienes no cuentan con autorización para trabajar, con los procesos de arraigo social o laboral, obligan a estas personas a estar dos o tres años, respectivamente, en la economía sumergida.
A la importante bolsa de personas inmigrantes sin permiso de residencia, y por lo tanto vulnerables, se les van a unir las personas que, teniéndolo ahora, no van a poder realizar su renovación anual, por haber pasado al paro y no poder justificar los 180 días de cotización que son necesarios cuando se trate de la primera o segunda renovación. Y eso afecta a mucha gente, ya que la tasa de paro, para la población extranjera, se situaba a finales de 2008, por encima del 21% frente al 12´5% que soporta la población autóctona (durante 2008, de 1.300.000 nuevas personas paradas, 370.000 eran extranjeras).
Eso significa que va a pasar a una situación de “ilegalidad” un buen número de personas que serán presa de la economía sumergida, carecerán de derechos sociales y laborales, sumándosele además, la amenaza constante de la expulsión.
La nueva política de inmigración
Coincidiendo con esta etapa de crisis económica, el Gobierno se ha propuesto la modificación de la Ley de Extranjería, que estaba obligado a cambiar desde que inició su mandato, hace cinco años, tanto por cumplir sus propias propuestas electorales, como por hacerlo con la obligación de adaptarla a las directivas europeas y a las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Esta reforma se hace, además, al amparo del preocupante discurso que está lanzándose desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de su nuevo titular Celestino Corbacho.
Por un lado, se vincula la reforma legal de la Ley de Extranjería a las necesidades del mercado de trabajo, olvidando otras dimensiones del fenómeno migratorio. Es decir, no se tiene en cuenta, o se deja en un plano muy secundario, que las personas inmigrantes existen fuera del horario laboral: tienen cultura, familia, son víctimas en sus países de origen, son consumidores, son sujetos de derechos sociales…
Con la reforma, se dificultará mucho el derecho a la reagrupación familiar, se alargará el tiempo de estancia máxima en los Centros de Internamiento de Extranjeros hasta los 60 días (en línea con la “Directiva de la Vergüenza”), se castigará a las personas que ayuden a inmigrantes (sin distinguir a quienes lo hagan por motivos humanitarios de quienes lo hagan por intereses económicos)…
Como describe la Asociación “Convivir Sin Racismo”, en un reciente informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno parece apostar más por la amenaza que por dar una oportunidad de integración para las personas extranjeras que hayan decidido vivir entre nosotras y nosotros. Una Ley que no pone el acento en la integración, la convivencia y la igualdad, a pesar de ser teóricamente uno de sus principios rectores, sino que se centra en regular aspectos relativos a las condiciones de acceso y estancia
Por otro lado, Celestino Corbacho hace declaraciones afirmando que, en estos tiempos, la inmigración sobra, que no hay trabajo para todos, que hay que facilitar el retorno… Al mismo tiempo, desde el Ministerio del Interior, se establece como prioritaria la “caza” de inmigrantes sin papeles aconsejando, además, un determinado perfil “más problemático”. Toda una batería de actuaciones de las que escapa un sospechoso aroma a rancia xenofobia, con el “ya lo dijimos” de la derecha, que sigue demandando más y más mano dura.
Se está generando y alimentando un discurso que, falsamente, hace culpables de la crisis económica a las personas inmigrantes o que, en cualquier caso, les condena a ser las paganas de la misma, sin otra justificación que la de no ser de aquí.
Por desgracia, no es aquí el único sitio donde se está reforzando este tipo de discurso. En Gran Bretaña hemos asistido a movilizaciones obreras, contra la contratación de personas italianas o portuguesas para la ampliación de una refinería, con el lema “empleos británicos para trabajadores británicos”. En Italia, Berlusconi autoriza la formación de bandas parapoliciales y califica, a las personas inmigrantes sin papeles, directamente como delincuentes.
Y estamos al principio de lo que será una profunda crisis del sistema, que sin duda será aprovechada por las organizaciones abiertamente fascistas, para consolidar su presencia. Todavía no hemos visto el final de la caída del empleo y tampoco finalizará aquí la culpabilización del inmigrante como “ladrón” de puestos de trabajo.
La crisis amenaza también con un aumento acelerado de las demandas de ayuda social. Las capas más desfavorecidas de la sociedad se verán ampliadas por quienes lleguen al paro y por sus familias. Las personas inmigrantes, que ya están sufriendo el desempleo con especial contundencia, serán vistas como competidoras en la consecución de ayudas públicas y como culpables de la escasez y mala calidad de los servicios públicos de protección social.
Las personas inmigrantes fueron solución a la necesidad de mano de obra en los tiempos de expansión económica, realizaron los trabajos que la población autóctona dejó por sus malas condiciones y su escaso reconocimiento social, dinamizaron la producción y el mercado local como consumidores de bienes y servicios. Ahora son las primeras víctimas de la crisis económica, se les hace más vulnerables, con las nuevas modificaciones legales, y se les convierte en diana de las iras populares, desviando la atención de quienes son los verdaderos culpables de la situación económica y social.
Recordando a Bertolt Brecht (o a Martin Niemüller que por lo visto fue el autor auténtico del famoso poema) más vale que empecemos a pensar, desde ya, que si vienen a por las personas inmigrantes, es que están viniendo a por todos nosotros y nosotras.
Toni Carrasco
STERM – La Intersindical
Publicado en La Opinión
21 de marzo 2009, Día Internacional contra el Racismo
Según datos del INE, la población extranjera en el Estado Español ha pasado de algo más de seiscientas mil personas, en el año 1998, a sobrepasar con creces los cinco millones, a finales de 2008.
Los sectores económicos que cobijaron esta mano de obra inmigrante fueron, fundamentalmente, la construcción, la agricultura y los servicios (hostelería y servicio doméstico). Es decir, ámbitos que han tenido una fuerte demanda o que se han visto abandonados, debido a sus escasos salarios o sus deplorables condiciones laborales, por parte de las personas autóctonas.
En estos sectores se concentraba, ya antes de su llegada, la mayor tasa de precariedad, del empleo temporal e irregular, con fuerte presencia de la economía sumergida.
Por otro lado, en los sectores que primero y más fuertemente están sufriendo la crisis, construcción (con 350.000 nuevas personas paradas en un año) y servicios (con unos 400.000) quienes se van al paro son aquellas personas que tienen contrato temporal. Apenas ha variado el número de contratos indefinidos, durante el año 2008 (incluso se ha reflejado un cierto aumento), mientras que han bajado, en casi 700.000, los contratos temporales totales.
Quienes tienen empleo temporal, y la inmensa mayoría de las personas trabajadoras inmigrantes lo tienen, son pues las que están sufriendo, en primer lugar, los embates de la crisis, ya que acabar con el empleo temporal tiene un coste cero para las empresas y administraciones. Evidentemente, y aunque los empresarios digan lo contrario, el despido libre existe, basta con no renovar la contratación. Teniendo en cuenta que estamos en un territorio donde el porcentaje de empleo temporal ronda un 30% del total del trabajo asalariado regulado (sin tener en cuenta todo el empleo sumergido) podemos hacernos una idea de la situación.
Frente al desempleo, no todos los colectivos sociales tienen las mismas posibilidades de respuesta. La inadecuación de la legislación española a la realidad obliga, desde siempre, a que quienes vengan desde fuera a trabajar, lo hagan ilegalmente, salvo las porcentualmente escasas contrataciones en origen que se hacen. En la práctica, los procedimientos para regularizar la situación de quienes no cuentan con autorización para trabajar, con los procesos de arraigo social o laboral, obligan a estas personas a estar dos o tres años, respectivamente, en la economía sumergida.
A la importante bolsa de personas inmigrantes sin permiso de residencia, y por lo tanto vulnerables, se les van a unir las personas que, teniéndolo ahora, no van a poder realizar su renovación anual, por haber pasado al paro y no poder justificar los 180 días de cotización que son necesarios cuando se trate de la primera o segunda renovación. Y eso afecta a mucha gente, ya que la tasa de paro, para la población extranjera, se situaba a finales de 2008, por encima del 21% frente al 12´5% que soporta la población autóctona (durante 2008, de 1.300.000 nuevas personas paradas, 370.000 eran extranjeras).
Eso significa que va a pasar a una situación de “ilegalidad” un buen número de personas que serán presa de la economía sumergida, carecerán de derechos sociales y laborales, sumándosele además, la amenaza constante de la expulsión.
La nueva política de inmigración
Coincidiendo con esta etapa de crisis económica, el Gobierno se ha propuesto la modificación de la Ley de Extranjería, que estaba obligado a cambiar desde que inició su mandato, hace cinco años, tanto por cumplir sus propias propuestas electorales, como por hacerlo con la obligación de adaptarla a las directivas europeas y a las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Esta reforma se hace, además, al amparo del preocupante discurso que está lanzándose desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de su nuevo titular Celestino Corbacho.
Por un lado, se vincula la reforma legal de la Ley de Extranjería a las necesidades del mercado de trabajo, olvidando otras dimensiones del fenómeno migratorio. Es decir, no se tiene en cuenta, o se deja en un plano muy secundario, que las personas inmigrantes existen fuera del horario laboral: tienen cultura, familia, son víctimas en sus países de origen, son consumidores, son sujetos de derechos sociales…
Con la reforma, se dificultará mucho el derecho a la reagrupación familiar, se alargará el tiempo de estancia máxima en los Centros de Internamiento de Extranjeros hasta los 60 días (en línea con la “Directiva de la Vergüenza”), se castigará a las personas que ayuden a inmigrantes (sin distinguir a quienes lo hagan por motivos humanitarios de quienes lo hagan por intereses económicos)…
Como describe la Asociación “Convivir Sin Racismo”, en un reciente informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno parece apostar más por la amenaza que por dar una oportunidad de integración para las personas extranjeras que hayan decidido vivir entre nosotras y nosotros. Una Ley que no pone el acento en la integración, la convivencia y la igualdad, a pesar de ser teóricamente uno de sus principios rectores, sino que se centra en regular aspectos relativos a las condiciones de acceso y estancia
Por otro lado, Celestino Corbacho hace declaraciones afirmando que, en estos tiempos, la inmigración sobra, que no hay trabajo para todos, que hay que facilitar el retorno… Al mismo tiempo, desde el Ministerio del Interior, se establece como prioritaria la “caza” de inmigrantes sin papeles aconsejando, además, un determinado perfil “más problemático”. Toda una batería de actuaciones de las que escapa un sospechoso aroma a rancia xenofobia, con el “ya lo dijimos” de la derecha, que sigue demandando más y más mano dura.
Se está generando y alimentando un discurso que, falsamente, hace culpables de la crisis económica a las personas inmigrantes o que, en cualquier caso, les condena a ser las paganas de la misma, sin otra justificación que la de no ser de aquí.
Por desgracia, no es aquí el único sitio donde se está reforzando este tipo de discurso. En Gran Bretaña hemos asistido a movilizaciones obreras, contra la contratación de personas italianas o portuguesas para la ampliación de una refinería, con el lema “empleos británicos para trabajadores británicos”. En Italia, Berlusconi autoriza la formación de bandas parapoliciales y califica, a las personas inmigrantes sin papeles, directamente como delincuentes.
Y estamos al principio de lo que será una profunda crisis del sistema, que sin duda será aprovechada por las organizaciones abiertamente fascistas, para consolidar su presencia. Todavía no hemos visto el final de la caída del empleo y tampoco finalizará aquí la culpabilización del inmigrante como “ladrón” de puestos de trabajo.
La crisis amenaza también con un aumento acelerado de las demandas de ayuda social. Las capas más desfavorecidas de la sociedad se verán ampliadas por quienes lleguen al paro y por sus familias. Las personas inmigrantes, que ya están sufriendo el desempleo con especial contundencia, serán vistas como competidoras en la consecución de ayudas públicas y como culpables de la escasez y mala calidad de los servicios públicos de protección social.
Las personas inmigrantes fueron solución a la necesidad de mano de obra en los tiempos de expansión económica, realizaron los trabajos que la población autóctona dejó por sus malas condiciones y su escaso reconocimiento social, dinamizaron la producción y el mercado local como consumidores de bienes y servicios. Ahora son las primeras víctimas de la crisis económica, se les hace más vulnerables, con las nuevas modificaciones legales, y se les convierte en diana de las iras populares, desviando la atención de quienes son los verdaderos culpables de la situación económica y social.
Recordando a Bertolt Brecht (o a Martin Niemüller que por lo visto fue el autor auténtico del famoso poema) más vale que empecemos a pensar, desde ya, que si vienen a por las personas inmigrantes, es que están viniendo a por todos nosotros y nosotras.
Toni Carrasco
STERM – La Intersindical
Publicado en La Opinión
21 de marzo 2009, Día Internacional contra el Racismo
miércoles, 25 de marzo de 2009
REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS Toni Carrasco
La mano “tonta” del mercado
Hace apenas un año, nuestros gobernantes se mostraban ufanos, como timoneles de un modelo económico que nos estaba llevando por la senda del crecimiento continuado en los últimos 10-12 años. El Presidente José Luís Rodríguez Zapatero y su antecesor en el cargo, José María Aznar, se consideraban artífices de este proceso, sin cuestionarse sobre los posibles riesgos del modelo ni aprovisionar el granero, como la hormiga del cuento.
En la Región Murciana, el único Presidente de los últimos años, Ramón Luís Valcárcel Siso, igualmente sacaba pecho con las diferencias, respecto al resto del Estado, en las cifras de crecimiento económico regional. Aunque si se hubiera fijado en otros asuntos y hubiera analizado la cosa desde el punto de vista de las personas asalariadas, quizás habría podido percibir que, en Murcia, estábamos a la cabeza en bajos salarios, temporalidad y empleo irregular y eso, también debía ser mérito suyo.
Pero volviendo al asunto de las grandes cifras: Es evidente que las grandes causas de la crisis financiera mundial vienen del exterior y del propio mecanismo del mercado. Fundamentalmente de la inmensa cantidad de hipotecas de riesgo, en Estados Unidos, suscritas y progresivamente impagadas. A eso tenemos que sumar el desaforado interés por el enriquecimiento rápido de muchos ejecutivos, que han engordado como una bola de nieve el valor de inversiones de dudosa seguridad y la desregulación y falta de control en las transacciones internacionales de dinero, que han posibilitado la exportación de este riesgo al resto del Mundo, contaminando a todo el sistema financiero y minando la confianza de los propios bancos entre si. El papel de los políticos en este maremágnum, ha sido el de permitir la desregulación de los mercados financieros y la opacidad de las transacciones, que impiden conocer cuánto hay de inversiones de riesgo y quienes son los “propietarios” de estas. Nadie sabe cuál será el próximo banco en caer y así, nadie se fía de nadie.
Pero desde aquí, también se han cometido errores similares, contando además con nuestras propias aportaciones.
El “milagro” económico murciano y buena parte del crecimiento en el resto de España estuvieron basados en la construcción de viviendas, dedicadas en muchas ocasiones a un segundo uso y, por lo tanto, sujeta a aspectos económicos coyunturales. En la Región, el empleo en una actividad complementaria como la construcción, normalmente vinculada a algún otro motor económico (industrial o de servicios) subió un 200% en los últimos 12 años, mientras aumentaba de forma mucho más lógica (en torno a un 50%) en los otros sectores.
Cualquier persona medianamente sensata podía prever que este desequilibrio no podía durar mucho tiempo. Un desequilibrio alimentado por parte de inversores y promotores con intereses especulativos, que construían o compraban para vender inmediatamente con precios inflados de forma artificial. Una subida de precios provocada por estos acaparadores de terrenos y viviendas, pero también ayudada por unas entidades financieras que permitían la compra concediendo préstamos que sobrevaloraban, tanto la capacidad de los compradores para pagar, como el precio de las viviendas hipotecadas o, en no pocas ocasiones, el precio futuro de terrenos aún pendientes de una posible recalificación urbanística.
Y ahí radica uno de los problemas. Que no se dieran cuenta los dirigentes políticos o que se arrogaran el mérito de este crecimiento económico coyuntural, es una cosa a la que estamos habituados. Que los constructores siguieran creyendo que, independientemente de las necesidades de vivienda y de las posibilidades de compra de los posibles usuarios, se podía seguir con el ladrillo indefinidamente cuesta más trabajo de entender. Salvo que pensaran que toda Europa iba a querer pasar aquí nuestros cálidos inviernos jugando al golf. Una creencia que habría que situar en ese lugar, el de las creencias y no en el de los análisis serios de mercado.
Mucho más grave es el hecho de que los bancos y cajas de ahorros, con sus gabinetes de estudios económicos, hayan participado en esta espiral de subida de precios inmobiliarios y préstamos de riesgo, sin prever los efectos que iba a tener sobre el conjunto de la economía y sobre sus propias posibilidades de negocio. En este año ya se ha duplicado el porcentaje de préstamos impagados, en la banca española.
También cabe atribuirle buena culpa de esta situación a la fiebre recalificadora de las corporaciones municipales y a la legislación regional desreguladora en temas urbanísticos. Y no estamos hablando de programaciones del crecimiento urbanístico en función de las necesidades previsibles de vivienda habitual, de respuestas a necesidades industriales o de planificación de una oferta de servicios sostenible y por lo tanto duradera. Se trata de las urbanizaciones mastodónticas, que en nada sirven ni han servido para resolver los problemas de vivienda que sufrimos, al mismo tiempo que no se ha promovido, desde los poderes públicos, suficiente suelo público y un parque de viviendas protegidas, con precios asequibles, que cubra las necesidades reales de la población.
Lo cierto es que aquellos que, desde la economía o desde la política, demandaban que la mano oculta del mercado fuera quien dirigiera, en exclusiva, la actividad económica, exigiendo menor regulación en las transacciones o en la legislación urbanística y dejar la iniciativa productiva (y constructora) sólo en manos privadas, lejos de abaratar los precios y de redistribuir los bienes en función de la demanda, son los que han provocado las crisis actuales (en plural, ya que a las crisis financiera e inmobiliaria, hay que sumarles la alimentaria y la medioambiental). Ya hay quien la llama “la crisis perfecta” tomando el nombre de la película.
A la vista de los resultados, tendremos que cambiarle el nombre a la “mano invisible” que regula el mercado. No sabremos quien la mueve, pero si podemos estar seguros de que ha sido muy, muy tonta.
¿Quién pagará los platos rotos?
A estas alturas de la crisis financiera e inmobiliaria, ya nadie duda de que los adalides del liberalismo económico a ultranza se equivocaron. Incluso el anterior presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, Alan Greespan, ha tenido que reconocer que el mercado financiero no cumplió unos de los dogmas más repetidos (no por ello menos falso) del liberalismo económico, aquel que suponía que los mercados se autorregulan automáticamente.
Ahora toca el turno de arreglar el desaguisado. Pero ¿Quien pagará por él?
De momento, sabemos quienes son las víctimas: los datos sobre empleo son claros y preocupantes. Según la Encuesta de Población Activa, en el conjunto del Estado hemos pasado de unas tasas de paro del 8’47%, a principios de 2007, hasta el 11’33% en el tercer trimestre de este año. En la Región hemos pasado, en el mismo periodo, del 7’15 al 14’09 % en tasa de paro. Una subida que nos ha situado, en poco tiempo, casi tres puntos por encima de la media, lo que refuerza el convencimiento sobre la fragilidad de nuestro modelo económico. Y como hace poco aseguró el Consejero de Empleo, Constantino Sotoca: “lo peor está por llegar”.
El Gobierno Regional, tras este rápido adelantamiento en las cifras de paro, al resto de comunidades, en vez de realizar una profunda autocrítica dice ahora, por boca de la Consejera Presidencia Mª de Pedro Reverte, lo mismo que critica el PP al Presidente Rodríguez Zapatero: que las causas de la crisis son externas y que no tienen nada que ver con el modelo propio de crecimiento. Todos echan balones fuera.
Aparte del sector de la construcción, importantes empresas del sector industrial, están preparando regulaciones de empleo. No sabemos muy bien si todo es por una disminución del consumo o si se está aprovechando la cuesta abajo para dejar lastre y así poder trasladar parte de la producción a otras zonas del planeta con menores costes laborales. Y eso afecta no sólo a las plantillas directas, sino al conjunto de empresas auxiliares. Como una cascada, sector a sector se está trasladando el aumento del paro. Como pescadilla que se muerde la cola: ajustes económicos en las familias, debido al paro, disminuyen el consumo, se contraen las necesidades de producción y provocan aumento del paro.
Y como siempre, primero y de forma más severa, los sectores más desprotegidos son los que están sufriendo la situación: Trabajadoras y trabajadores con empleos precarios y/o irregulares, que suelen coincidir con los niveles más bajos y menos especializados de la producción. Personas fácilmente sustituibles (¿o debiera decir desechables?) y niveles salariales inferiores a la media. A su vez estos perfiles suelen centrarse en los sectores de población más vulnerables: inmigrantes, mujeres, jóvenes sin estudios…
Mientras tanto, aquellos que han provocado la crisis y quienes, desde el poder político, hicieron posible toda esta serie de desmanes no parecen ver peligrar su situación personal.
Los directivos de las mayores financieras de Estados Unidos no se han tirado por la ventana, como parece ser que sucedió en la crisis del 29, cuando han quebrado. Se han ido de vacaciones cobrando, además de sus suculentos sueldos indemnizaciones también millonarias: cobraron por su nefasta gestión y les han premiado cuando sus firmas han ido a la ruina, llevándose por delante ahorros y empleo.
Tampoco parece que los dirigentes políticos vayan siquiera a pedir perdón por la falta de control. A nivel internacional, el próximo 15 de noviembre se reunirán en Washington para estudiar salidas a la crisis financiera e incluso, según alguno de ellos, refundar el capitalismo. Pero por lo que se desprende de sus manifestaciones y de sus hechos, sólo intentarán remendar el tremendo descosido sin cuestionar el modelo que lo produjo. No está clara la pretensión de cambiar el modelo de crecimiento especulativo por uno que centre las inversiones en la producción de bienes y servicios.
A nivel local, no pienso que muchos gobernantes municipales o regionales vayan a dimitir o ser destituidos por dejar el paisaje plagado de ciudades fantasma que nadie quiere ni puede comprar, cementando extensas áreas de terreno, muchas de ellas de interés natural. Tampoco veo que deseen echarse la culpa de la falta de vivienda digna para miles de personas, algunas de ellas en la calle tras verse incapaces de pagar su préstamo hipotecario.
A algunos sectores sí les está llegando ya ayuda. El Gobierno Español ha dispuesto ayudas a la banca (150.000 millones entre compras de activos y avales para emisiones de deuda) para dotarla de liquidez, además de garantías para los ahorros depositados para reforzar la confianza. Pero ¿a cambio de qué?
Desde luego no se trata de que los estados entren a formar parte del accionariado de los bancos y que se les permita participar en la toma de decisiones, cosa natural si se decidiera invertir en ellos. No quieren ni oír hablar de cierto grado de nacionalización, y por lo tanto de control, de la banca. Es decir que paguemos entre todos pero que no intervengamos.
Por lo visto, todo debe quedar igual, debemos seguir confiando en quienes nos han metido en este embrollo. Mientras, la crisis que la paguen los de siempre: sin trabajo, sin casa y rezando para que no les llegue el final de la prestación por desempleo (quienes la tengan).
Las salidas de la crisis
A pesar de que la realidad es tozuda e insiste en obligarnos a un cambio de rumbo, el neoliberalismo sigue empeñado en sostener que el modelo económico funciona y que la única manera de acabar con la pobreza es mantener la libre competencia y disminuir, aún más, la intervención estatal.
Con este modelo hemos visto, por ejemplo, como los alimentos básicos a nivel mundial han subido de precio desorbitadamente, agravando la crisis alimentaria en los países empobrecidos, gracias a la especulación masiva ejercida por los fondos de inversión, que vieron en este ámbito una buena oportunidad de negocio. Decir que los estados no tienen que intervenir en estos temas es, directamente, inmoral.
Además, lejos de mejorar las condiciones de vida, en este periodo de supuesto crecimiento económico, como bien destaca el último Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación FOESSA (vinculada a Cáritas): “por primera vez en las últimas cuatro décadas, ni la desigualdad ni las situaciones de pobreza monetaria se han reducido en un contexto de crecimiento económico”. La pobreza se ha mantenido en los mismos niveles, en torno a un 20% de la población, en los últimos diez años.
Como ya se advirtió desde STERM-INTERSINDICAL, la tasa de precariedad en la población asalariada (suma de paro y temporalidad) ha seguido estable en estos años de vacas gordas, manteniéndose en un 34% en el conjunto del Estado y en torno a un 40% en la Región. Evidentemente, esas cifras se disparan ahora como consecuencia de tanta insensatez. Esa es la realidad de cuando todo funciona según el mercado.
Los únicos remedios serios que se ofrecen para salir de la crisis, se hacen desde el Keynesianismo, intentando reeditar el periodo de crecimiento que dio lugar al “estado del bienestar” tras la crisis de 1929. Aparte de un control más exhaustivo de los flujos financieros y sus riesgos, defienden una fuerte intervención estatal que asegure un mercado laboral regulado, una fiscalidad progresiva, aumento del gasto público con inversión en investigación, infraestructuras y servicios, facilitando empleo para amplias capas de población y que ello reactive el consumo de las mayorías trabajadoras de la sociedad, que son las que las que traducen sus ingresos en bienes y servicios, por lo tanto en crecimiento productivo.
El Gobierno Socialista, parece olvidar que, en principio, ese debía ser su modelo, y no parece dispuesto a aplicarlo. En vez de hacer un uso progresivo de los impuestos, repartió 400 euros del IRPF independientemente del nivel de ingresos y ha acabado con el impuesto sobre patrimonio (unos 1.800 millones de euros) que iba principalmente dirigido a las personas con mayor riqueza y que podría haber servido para financiar dos millones de plazas en escuelas infantiles o los servicios de dependencia de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la regulación laboral, las reformas que ha impulsado van en sentido contrario, abaratando el despido y estando abiertos a las nuevas demandas de la patronal que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, insiste en una mayor flexibilización del mercado laboral para salir de la crisis, aunque esta haya sido provocada por causas totalmente ajenas a la regulación de las relaciones laborales.
Sin duda las posiciones socialdemócratas (que no del PSOE) tienen su lógica económica y social, pero olvidan un pequeño problema. Un problema que desde posiciones progresistas y, desde luego, desde los sindicatos y otras organizaciones que se reclaman de las clases trabajadoras, se ha olvidado demasiadas veces y, en esta época, es más serio que nunca: los límites de los recursos naturales y la crisis ambiental.
En los años treinta y siguientes se contaba con el petróleo como recurso energético barato y abundante y muy poca conciencia y conocimiento ecológicos. Gracias a este hecho y a que no se compartía su consumo con el resto del planeta, en Europa, EEUU y Japón se pudo promover un desarrollismo inusitado. Buena parte de sus poblaciones pudieron realizar el sueño de tener coche y nevera en cada casa.
Hoy sabemos que ese sueño es imposible de realizar para el conjunto de la población mundial, por lo menos tal y como se concibió, y que el final de la era del petróleo está cerca.
Invertir, desde el Estado, en investigación y desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio y en servicios públicos como la sanidad, la educación, la atención a personas discapacitadas, los transportes colectivos, la vivienda, la gestión sostenible de recursos naturales… produce riqueza, igualdad social, muchos puestos de trabajo cualificados y, también, sostenibilidad ambiental y, consecuentemente, económica. Pero promover, como salida, el consumo individual e infraestructuras para ello (autopistas, aeropuertos, centrales eléctricas contaminantes y de combustible no renovable…) nos llevará, en poco tiempo, a un callejón sin salida.
Ya se está alegando que el protocolo de Kyoto puede esperar, que lo primero es salir de la crisis económica, pero no podemos caer en la ceguera hasta que nos pillen desprevenidos la energética y la ambiental, cuyas consecuencias serán funestas para el conjunto de la humanidad.
Los estados deben, efectivamente, intervenir en la economía. Asegurar que las necesidades básicas de la ciudadanía se cubren, evitando que los derechos sociales sean ámbitos de inversión y gestión privados, con el sólo interés del beneficio económico. Que nadie pueda volver a hundir una sociedad en la penuria por voracidad especuladora. Pero deben también mirar a las generaciones futuras, promoviendo e investigando modelos de producción y consumo que no nos hipotequen con algo más importante que nuestro piso de setenta metros.
Hace apenas un año, nuestros gobernantes se mostraban ufanos, como timoneles de un modelo económico que nos estaba llevando por la senda del crecimiento continuado en los últimos 10-12 años. El Presidente José Luís Rodríguez Zapatero y su antecesor en el cargo, José María Aznar, se consideraban artífices de este proceso, sin cuestionarse sobre los posibles riesgos del modelo ni aprovisionar el granero, como la hormiga del cuento.
En la Región Murciana, el único Presidente de los últimos años, Ramón Luís Valcárcel Siso, igualmente sacaba pecho con las diferencias, respecto al resto del Estado, en las cifras de crecimiento económico regional. Aunque si se hubiera fijado en otros asuntos y hubiera analizado la cosa desde el punto de vista de las personas asalariadas, quizás habría podido percibir que, en Murcia, estábamos a la cabeza en bajos salarios, temporalidad y empleo irregular y eso, también debía ser mérito suyo.
Pero volviendo al asunto de las grandes cifras: Es evidente que las grandes causas de la crisis financiera mundial vienen del exterior y del propio mecanismo del mercado. Fundamentalmente de la inmensa cantidad de hipotecas de riesgo, en Estados Unidos, suscritas y progresivamente impagadas. A eso tenemos que sumar el desaforado interés por el enriquecimiento rápido de muchos ejecutivos, que han engordado como una bola de nieve el valor de inversiones de dudosa seguridad y la desregulación y falta de control en las transacciones internacionales de dinero, que han posibilitado la exportación de este riesgo al resto del Mundo, contaminando a todo el sistema financiero y minando la confianza de los propios bancos entre si. El papel de los políticos en este maremágnum, ha sido el de permitir la desregulación de los mercados financieros y la opacidad de las transacciones, que impiden conocer cuánto hay de inversiones de riesgo y quienes son los “propietarios” de estas. Nadie sabe cuál será el próximo banco en caer y así, nadie se fía de nadie.
Pero desde aquí, también se han cometido errores similares, contando además con nuestras propias aportaciones.
El “milagro” económico murciano y buena parte del crecimiento en el resto de España estuvieron basados en la construcción de viviendas, dedicadas en muchas ocasiones a un segundo uso y, por lo tanto, sujeta a aspectos económicos coyunturales. En la Región, el empleo en una actividad complementaria como la construcción, normalmente vinculada a algún otro motor económico (industrial o de servicios) subió un 200% en los últimos 12 años, mientras aumentaba de forma mucho más lógica (en torno a un 50%) en los otros sectores.
Cualquier persona medianamente sensata podía prever que este desequilibrio no podía durar mucho tiempo. Un desequilibrio alimentado por parte de inversores y promotores con intereses especulativos, que construían o compraban para vender inmediatamente con precios inflados de forma artificial. Una subida de precios provocada por estos acaparadores de terrenos y viviendas, pero también ayudada por unas entidades financieras que permitían la compra concediendo préstamos que sobrevaloraban, tanto la capacidad de los compradores para pagar, como el precio de las viviendas hipotecadas o, en no pocas ocasiones, el precio futuro de terrenos aún pendientes de una posible recalificación urbanística.
Y ahí radica uno de los problemas. Que no se dieran cuenta los dirigentes políticos o que se arrogaran el mérito de este crecimiento económico coyuntural, es una cosa a la que estamos habituados. Que los constructores siguieran creyendo que, independientemente de las necesidades de vivienda y de las posibilidades de compra de los posibles usuarios, se podía seguir con el ladrillo indefinidamente cuesta más trabajo de entender. Salvo que pensaran que toda Europa iba a querer pasar aquí nuestros cálidos inviernos jugando al golf. Una creencia que habría que situar en ese lugar, el de las creencias y no en el de los análisis serios de mercado.
Mucho más grave es el hecho de que los bancos y cajas de ahorros, con sus gabinetes de estudios económicos, hayan participado en esta espiral de subida de precios inmobiliarios y préstamos de riesgo, sin prever los efectos que iba a tener sobre el conjunto de la economía y sobre sus propias posibilidades de negocio. En este año ya se ha duplicado el porcentaje de préstamos impagados, en la banca española.
También cabe atribuirle buena culpa de esta situación a la fiebre recalificadora de las corporaciones municipales y a la legislación regional desreguladora en temas urbanísticos. Y no estamos hablando de programaciones del crecimiento urbanístico en función de las necesidades previsibles de vivienda habitual, de respuestas a necesidades industriales o de planificación de una oferta de servicios sostenible y por lo tanto duradera. Se trata de las urbanizaciones mastodónticas, que en nada sirven ni han servido para resolver los problemas de vivienda que sufrimos, al mismo tiempo que no se ha promovido, desde los poderes públicos, suficiente suelo público y un parque de viviendas protegidas, con precios asequibles, que cubra las necesidades reales de la población.
Lo cierto es que aquellos que, desde la economía o desde la política, demandaban que la mano oculta del mercado fuera quien dirigiera, en exclusiva, la actividad económica, exigiendo menor regulación en las transacciones o en la legislación urbanística y dejar la iniciativa productiva (y constructora) sólo en manos privadas, lejos de abaratar los precios y de redistribuir los bienes en función de la demanda, son los que han provocado las crisis actuales (en plural, ya que a las crisis financiera e inmobiliaria, hay que sumarles la alimentaria y la medioambiental). Ya hay quien la llama “la crisis perfecta” tomando el nombre de la película.
A la vista de los resultados, tendremos que cambiarle el nombre a la “mano invisible” que regula el mercado. No sabremos quien la mueve, pero si podemos estar seguros de que ha sido muy, muy tonta.
¿Quién pagará los platos rotos?
A estas alturas de la crisis financiera e inmobiliaria, ya nadie duda de que los adalides del liberalismo económico a ultranza se equivocaron. Incluso el anterior presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, Alan Greespan, ha tenido que reconocer que el mercado financiero no cumplió unos de los dogmas más repetidos (no por ello menos falso) del liberalismo económico, aquel que suponía que los mercados se autorregulan automáticamente.
Ahora toca el turno de arreglar el desaguisado. Pero ¿Quien pagará por él?
De momento, sabemos quienes son las víctimas: los datos sobre empleo son claros y preocupantes. Según la Encuesta de Población Activa, en el conjunto del Estado hemos pasado de unas tasas de paro del 8’47%, a principios de 2007, hasta el 11’33% en el tercer trimestre de este año. En la Región hemos pasado, en el mismo periodo, del 7’15 al 14’09 % en tasa de paro. Una subida que nos ha situado, en poco tiempo, casi tres puntos por encima de la media, lo que refuerza el convencimiento sobre la fragilidad de nuestro modelo económico. Y como hace poco aseguró el Consejero de Empleo, Constantino Sotoca: “lo peor está por llegar”.
El Gobierno Regional, tras este rápido adelantamiento en las cifras de paro, al resto de comunidades, en vez de realizar una profunda autocrítica dice ahora, por boca de la Consejera Presidencia Mª de Pedro Reverte, lo mismo que critica el PP al Presidente Rodríguez Zapatero: que las causas de la crisis son externas y que no tienen nada que ver con el modelo propio de crecimiento. Todos echan balones fuera.
Aparte del sector de la construcción, importantes empresas del sector industrial, están preparando regulaciones de empleo. No sabemos muy bien si todo es por una disminución del consumo o si se está aprovechando la cuesta abajo para dejar lastre y así poder trasladar parte de la producción a otras zonas del planeta con menores costes laborales. Y eso afecta no sólo a las plantillas directas, sino al conjunto de empresas auxiliares. Como una cascada, sector a sector se está trasladando el aumento del paro. Como pescadilla que se muerde la cola: ajustes económicos en las familias, debido al paro, disminuyen el consumo, se contraen las necesidades de producción y provocan aumento del paro.
Y como siempre, primero y de forma más severa, los sectores más desprotegidos son los que están sufriendo la situación: Trabajadoras y trabajadores con empleos precarios y/o irregulares, que suelen coincidir con los niveles más bajos y menos especializados de la producción. Personas fácilmente sustituibles (¿o debiera decir desechables?) y niveles salariales inferiores a la media. A su vez estos perfiles suelen centrarse en los sectores de población más vulnerables: inmigrantes, mujeres, jóvenes sin estudios…
Mientras tanto, aquellos que han provocado la crisis y quienes, desde el poder político, hicieron posible toda esta serie de desmanes no parecen ver peligrar su situación personal.
Los directivos de las mayores financieras de Estados Unidos no se han tirado por la ventana, como parece ser que sucedió en la crisis del 29, cuando han quebrado. Se han ido de vacaciones cobrando, además de sus suculentos sueldos indemnizaciones también millonarias: cobraron por su nefasta gestión y les han premiado cuando sus firmas han ido a la ruina, llevándose por delante ahorros y empleo.
Tampoco parece que los dirigentes políticos vayan siquiera a pedir perdón por la falta de control. A nivel internacional, el próximo 15 de noviembre se reunirán en Washington para estudiar salidas a la crisis financiera e incluso, según alguno de ellos, refundar el capitalismo. Pero por lo que se desprende de sus manifestaciones y de sus hechos, sólo intentarán remendar el tremendo descosido sin cuestionar el modelo que lo produjo. No está clara la pretensión de cambiar el modelo de crecimiento especulativo por uno que centre las inversiones en la producción de bienes y servicios.
A nivel local, no pienso que muchos gobernantes municipales o regionales vayan a dimitir o ser destituidos por dejar el paisaje plagado de ciudades fantasma que nadie quiere ni puede comprar, cementando extensas áreas de terreno, muchas de ellas de interés natural. Tampoco veo que deseen echarse la culpa de la falta de vivienda digna para miles de personas, algunas de ellas en la calle tras verse incapaces de pagar su préstamo hipotecario.
A algunos sectores sí les está llegando ya ayuda. El Gobierno Español ha dispuesto ayudas a la banca (150.000 millones entre compras de activos y avales para emisiones de deuda) para dotarla de liquidez, además de garantías para los ahorros depositados para reforzar la confianza. Pero ¿a cambio de qué?
Desde luego no se trata de que los estados entren a formar parte del accionariado de los bancos y que se les permita participar en la toma de decisiones, cosa natural si se decidiera invertir en ellos. No quieren ni oír hablar de cierto grado de nacionalización, y por lo tanto de control, de la banca. Es decir que paguemos entre todos pero que no intervengamos.
Por lo visto, todo debe quedar igual, debemos seguir confiando en quienes nos han metido en este embrollo. Mientras, la crisis que la paguen los de siempre: sin trabajo, sin casa y rezando para que no les llegue el final de la prestación por desempleo (quienes la tengan).
Las salidas de la crisis
A pesar de que la realidad es tozuda e insiste en obligarnos a un cambio de rumbo, el neoliberalismo sigue empeñado en sostener que el modelo económico funciona y que la única manera de acabar con la pobreza es mantener la libre competencia y disminuir, aún más, la intervención estatal.
Con este modelo hemos visto, por ejemplo, como los alimentos básicos a nivel mundial han subido de precio desorbitadamente, agravando la crisis alimentaria en los países empobrecidos, gracias a la especulación masiva ejercida por los fondos de inversión, que vieron en este ámbito una buena oportunidad de negocio. Decir que los estados no tienen que intervenir en estos temas es, directamente, inmoral.
Además, lejos de mejorar las condiciones de vida, en este periodo de supuesto crecimiento económico, como bien destaca el último Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación FOESSA (vinculada a Cáritas): “por primera vez en las últimas cuatro décadas, ni la desigualdad ni las situaciones de pobreza monetaria se han reducido en un contexto de crecimiento económico”. La pobreza se ha mantenido en los mismos niveles, en torno a un 20% de la población, en los últimos diez años.
Como ya se advirtió desde STERM-INTERSINDICAL, la tasa de precariedad en la población asalariada (suma de paro y temporalidad) ha seguido estable en estos años de vacas gordas, manteniéndose en un 34% en el conjunto del Estado y en torno a un 40% en la Región. Evidentemente, esas cifras se disparan ahora como consecuencia de tanta insensatez. Esa es la realidad de cuando todo funciona según el mercado.
Los únicos remedios serios que se ofrecen para salir de la crisis, se hacen desde el Keynesianismo, intentando reeditar el periodo de crecimiento que dio lugar al “estado del bienestar” tras la crisis de 1929. Aparte de un control más exhaustivo de los flujos financieros y sus riesgos, defienden una fuerte intervención estatal que asegure un mercado laboral regulado, una fiscalidad progresiva, aumento del gasto público con inversión en investigación, infraestructuras y servicios, facilitando empleo para amplias capas de población y que ello reactive el consumo de las mayorías trabajadoras de la sociedad, que son las que las que traducen sus ingresos en bienes y servicios, por lo tanto en crecimiento productivo.
El Gobierno Socialista, parece olvidar que, en principio, ese debía ser su modelo, y no parece dispuesto a aplicarlo. En vez de hacer un uso progresivo de los impuestos, repartió 400 euros del IRPF independientemente del nivel de ingresos y ha acabado con el impuesto sobre patrimonio (unos 1.800 millones de euros) que iba principalmente dirigido a las personas con mayor riqueza y que podría haber servido para financiar dos millones de plazas en escuelas infantiles o los servicios de dependencia de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la regulación laboral, las reformas que ha impulsado van en sentido contrario, abaratando el despido y estando abiertos a las nuevas demandas de la patronal que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, insiste en una mayor flexibilización del mercado laboral para salir de la crisis, aunque esta haya sido provocada por causas totalmente ajenas a la regulación de las relaciones laborales.
Sin duda las posiciones socialdemócratas (que no del PSOE) tienen su lógica económica y social, pero olvidan un pequeño problema. Un problema que desde posiciones progresistas y, desde luego, desde los sindicatos y otras organizaciones que se reclaman de las clases trabajadoras, se ha olvidado demasiadas veces y, en esta época, es más serio que nunca: los límites de los recursos naturales y la crisis ambiental.
En los años treinta y siguientes se contaba con el petróleo como recurso energético barato y abundante y muy poca conciencia y conocimiento ecológicos. Gracias a este hecho y a que no se compartía su consumo con el resto del planeta, en Europa, EEUU y Japón se pudo promover un desarrollismo inusitado. Buena parte de sus poblaciones pudieron realizar el sueño de tener coche y nevera en cada casa.
Hoy sabemos que ese sueño es imposible de realizar para el conjunto de la población mundial, por lo menos tal y como se concibió, y que el final de la era del petróleo está cerca.
Invertir, desde el Estado, en investigación y desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio y en servicios públicos como la sanidad, la educación, la atención a personas discapacitadas, los transportes colectivos, la vivienda, la gestión sostenible de recursos naturales… produce riqueza, igualdad social, muchos puestos de trabajo cualificados y, también, sostenibilidad ambiental y, consecuentemente, económica. Pero promover, como salida, el consumo individual e infraestructuras para ello (autopistas, aeropuertos, centrales eléctricas contaminantes y de combustible no renovable…) nos llevará, en poco tiempo, a un callejón sin salida.
Ya se está alegando que el protocolo de Kyoto puede esperar, que lo primero es salir de la crisis económica, pero no podemos caer en la ceguera hasta que nos pillen desprevenidos la energética y la ambiental, cuyas consecuencias serán funestas para el conjunto de la humanidad.
Los estados deben, efectivamente, intervenir en la economía. Asegurar que las necesidades básicas de la ciudadanía se cubren, evitando que los derechos sociales sean ámbitos de inversión y gestión privados, con el sólo interés del beneficio económico. Que nadie pueda volver a hundir una sociedad en la penuria por voracidad especuladora. Pero deben también mirar a las generaciones futuras, promoviendo e investigando modelos de producción y consumo que no nos hipotequen con algo más importante que nuestro piso de setenta metros.
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