El pasado 16 de junio, el Gobierno socialista, mediante real decreto ley, ha aprobado una reforma laboral regresiva que facilita y abarata el despido, reduce los derechos laborales y sociales, debilita la negociación colectiva y aumenta el poder empresarial y la capacidad de acción discrecional de los empresarios en las relaciones laborales. Esa reforma laboral, ya en vigor, y las medidas de ajuste fiscal adoptadas a mediados de mayo (congelación de las pensiones, reducción de los salarios de los empleados públicos, disminución de la inversión pública…) conforman los componentes básicos de la política antisocial adoptada por el Gobierno, reflejan la magnitud del incumplimiento de sus compromisos sociales y certifican la ruptura del diálogo social con los sindicatos.
Estas medidas aprobadas, lejos de delimitar las características específicas de la crisis de la economía española, abordar sus causas y afrontar sus negativos impactos económicos y sociales no contribuyen en nada a solucionar la extrema debilidad de la actividad económica y la escasez de empleos ni a resolver los graves problemas que afectan a parados, a una parte significativa de pensionistas y amplios sectores de la ciudadanía.
Los últimos datos sobre el mercado laboral ofrecidos por el INE (segundo trimestre de 2010), revelan la magnitud de la catástrofe objetiva y cuantificable que sufre nuestra economía.
Merece la pena volver a reseñar los datos más significativos proporcionados por el INE:
1. El paro sigue creciendo y la cifra de personas que buscan empleo con suficiente empeño como para ser consideradas paradas alcanza ya los 4.645.500 (20,1% de la población activa).
2. Las situaciones más alarmantes afectan a:
• Los/as parados/as de larga duración (1.810.800 personas llevan más de un año en paro).
• Los/as jóvenes menores de 25 años (871.100 parados/as y una tasa de paro del 42,1%).
• Las personas inmigrantes (1.105.400 parados/as y una tasa de paro del 30,2%).
• En situación límite se encuentran 1.308.300 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en paro.
Además, permanecemos en la cola de la Europa social, siendo el estado de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Mientras se ha producido un enorme incremento de los beneficios empresariales. Durante el período 1999-2008 las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos en un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo período sólo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15).
Estos datos nos muestran como la política del gobierno ha ido en beneficio de los intereses empresariales, y no tanto en relación a los intereses de la mayoría de la sociedad. La gestión de la crisis por parte del gobierno ha confirmado esta tendencia. No cabe duda de que la gestión de una crisis económica como la presente no es tarea sencilla que pueda lograrse con ocurrencias y simplezas que poco tienen que ver con la superación de la crisis y mucho con intereses económicos y políticos muy concretos, que ejercen un poder muy superior al de las capas sociales damnificadas por la crisis.
En este sentido, en el amplio repertorio de soluciones que se han ido presentando por parte del Gobierno se abrió paso la necesidad de la reforma laboral para “salir de la crisis”. Una reforma laboral que supone un importante recorte de los derechos sociales y que muestra cómo, una vez más, son los sectores populares, auquellos que padecen más las consecuencias de la crisis, los que están llamadas a pagar sus consecuencias, mientras los grandes responsables de la misma no se ven afectados.
La nueva reforma laboral implica pérdida de derechos. Esos derechos se han ido conquistando con mucho esfuerzo a lo largo de mucho tiempo. Su pérdida no se recuperaría fácilmente. Probablemente haya quien piense que en materia de derechos no se desanda el camino, que siempre se avanza y que la modernización y el progreso consolidan y amplían los derechos conseguidos. No es así. Los derechos laborales han sufrido a lo largo de los siglos XIX y XX un acoso constante y se han abierto paso en condiciones muy difíciles y a través de luchas y conflictos que enfrentaban los intereses de patronales y trabajadores. El resultado de cada uno de esos conflictos muestra que, al margen de su mayor o menor dureza, en materia de derechos también se puede perder y retroceder.
Para intentar justificar el giro de su política socioeconómica y neutralizar la oposición popular, el Gobierno reelabora el viejo discurso de la necesidad de austeridad, de la aceptación de esos recortes y el empeoramiento de condiciones sociolaborales. Pero estas medidas de austeridad no son equitativas ni justas. Ni siquiera es una austeridad compartida ni equilibrada y el coste adicional de las medidas lo vuelven a pagar los débiles.
Del examen de las medidas del Gobierno, que concretan los contenidos antisociales y perjudiciales para la reactivación económica de su viraje hacia políticas neoliberales, se deduce que existen motivos consistentes para oponerse a ellas. El rumbo asumido por el Gobierno socialista, que no es otro que el que venían defendiendo (en sus componentes básicos o sustantivos) la derecha y la patronal CEOE, nada aporta para superar la crisis y nada ofrece para solucionar los problemas, carencias e inseguridades que sufre el conjunto de la ciudadanía.
Ante esta situación, los sindicatos han respondido convocando una Huelga General para el próximo 29-S. Desde muchos sectores de la izquierda social mantenemos una actitud crítica con respecto a unos sindicatos que desde hace años han mantenido una trayectoria de pasividad y acomodación con respecto a las políticas gubernamentales más negativas social y laboralmente. Sin embargo, lo cierto es que las consecuencias de esta política económica y antisocial del gobierno trascienden a los sindicatos y afectan al conjunto de la ciudadanía. Es por ello, por lo que el hecho de que sean los sindicatos los convocantes no debe anular las razones y la necesidad de dar una respuesta social amplia a las actuaciones del gobierno. Es por ello por lo que creemos necesario apoyar activamente la Huelga General, sin renunciar por ello a mantener una actitud crítica con respecto a los sindicatos.
Por otro lado, entre amplios sectores progresistas se mantiene una actitud de indecisión sobre la huelga general ante el deseo de evitar la vuelta del PP al poder. Sin embargo, pensamos que es un error deducir que ese objetivo va a ser más fácilmente alcanzable si se suavizan las críticas, se rebaja el alcance del rechazo a las medidas gubernamentales o la huelga general recibe unos apoyos limitados. Ante la situación de recorte de derechos que se viene desarrollando por parte del gobierno socialista, es necesario que las bases progresistas de la sociedad expresen un contundente rechazo que exprese que queremos un modelo social distinto, y que no estamos por transitar por el camino ultraliberal, que ha sido el causante último de la situación de crisis actual.
La convocatoria de Huelga General se encuentra sujeta a dificultades para que se desarrolle con éxito: en primer lugar, la propia situación de crisis económica y la grave situación social que padecen amplios sectores de la sociedad, con altos niveles de inestabilidad y precariedad laboral, son un obstáculo para la participación en la Huelga; en segundo lugar, la debilidad institucional de la izquierda y el elevado debilitamiento de los colectivos sociales y la izquierda social, con una escasa capacidad de conectar con amplios sectores de la sociedad y de canalizar la movilización; en tercer lugar, porque la correlación de fuerzas en esta Huelga Genertal es ampliamente desequilibrada a favor de los poderes gubernamentales y empresariales, con el amplio apoyo de los medios de comunicación; y finalmente, porque ni el gobierno socialista tiene intención de dar una salida satisfactoria a corto plazo a una huelga exitosa, ni existen fuerzas políticas con capacidad para forzar un cambio de rumbo.
Sin embargo, desde acciónenred pensamos que es necesario participar activamente en esta Huelga General, a pesar de las dificultades y las expectativas de éxito, por varios motivos:
(1) Porque hay razones consistentes y suficientes para rechazar la política antisocial del Gobierno y las reformas que concretan ese rumbo y deterioran los derechos y las condiciones de vida de la mayoría. El proceso emprendido y el alcance regresivo de las medidas aprobadas tienen consecuencias profundas y duraderas. Van a condicionar la intensidad de la recesión, el tipo de salida de la crisis, el modelo socioeconómico resultante, las futuras relaciones laborales y la solidez del Estado del Bienestar.
(2) Porque si estas reformas llegan a aplicarse sin una fuerte oposición social, se facilitará el paso a nuevas agresiones sociales, debilitarán las dinámicas progresistas y desarticularán el sentido de justicia social y la cultura democrática que siguen vigentes, en la izquierda social y el tejido asociativo. En este sentido, pensamos que es necesario aunar fuerzas para que la Huelga sea lo más exitosa posible.
(3) Porque a pesar de que los sindicatos mayoritarios son los primeros que se juegan mucho en esta Huelga General, ya que su fuerza institucional puede verse fuertemente afectada, es el conjunto de la izquierda social e institucional la que podría quedar más debilitada todavía, no ya en el aspecto de la capacidad de acción y movilización de la sociedad, sino en la pérdida de prestigio de un discurso diferente que permita abrir posibilidades a un desarrollo diferente del que ha tenido la crisis hasta este momento.
Por todo ello, desde acciónenred, apoyamos y convocamos a todas las personas y colectivos sociales para que participen activamente en la Huelga General del 29 de septiembre con el fin de expresar la oposición ciudadana a las políticas antisociales gubernamentales, rechazar la reforma laboral y evitar la anunciada reforma del sistema público de pensiones y para exigir un cambio en la orientación de la política socioeconómica. Además la Huelga General constituye un reto para el conjunto de la izquierda social y una oportunidad con el fin de ganar apoyos en la idea de avanzar en el desarrollo de propuestas progresistas, que apuesten por el cambio de las estructuras sociales y promueva un modelo socioeconómico y de empleo más justo, solidario y sostenible.
18 de septiembre de 2010.
acciónenred.
